Perspectivas del posconflicto

Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

Revista La Brecha

El pasado 4 de septiembre, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que ni representa el definitivo fin del conflicto ni se entregará las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego, se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos- que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberán ser consensuados entre las partes, se procederá con el aterrizaje de los veedores de Naciones Unidas que procederán con la supervisión en campo del proceso y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia católica respecto a estas negociaciones.

Los Acuerdos de Quito implican, más allá de la cese transitorio de hostilidades mutuas, que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país incluidos sus oleoductos, no se siembren más minas antipersonales y se deje de reclutar menores por debajo de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como alertas tempranas, un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales, desarrollando también un programa de carácter humanitario con relación a la población carcelaria de militantes elenos –aproximadamente medio millar de reclusos-, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como la reubicación más cercana de los presos respecto a sus familias y su protección al interior de los penales. Más allá de lo anterior y teniendo en cuenta que ya existe una ley recientemente aprobada que hace referencia a la amnistía e indulto para presos de las FARC, esta se amplía para los miembros del ELN, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un espacio de tres semanas destinado para que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que a diferencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde secretariado de esta organización guerrillera daba una orden y esta se cumplía sin discusión, el ELN funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensuan los acuerdos de manera más horizontal pese a su estructura militar.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, las cuales entraran en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho, está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se proceda con una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con base en prorrogar por más tiempo la tregua.

¿Qué es el ELN?

El ELN nació en 1964, casi a la par que las FARC, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana para estudiar en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la Teología de la Liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del ELN.

Las acciones armadas del ELN comenzaron a primeros del año 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticula en octubre de 1973 -durante la presidencia de Pastrana Borrero- consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el ELN tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de ahí en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las FARC.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de dos mil combatientes actuales del ELN están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese del fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.

Origen del proceso de diálogo

El ELN ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente durante la presidencia de César Gaviria en la década de 1990, fue cuando se iniciaron los primeros contactos en Caracas en 1991, procediéndose a los Diálogos de paz de Tlaxcala (México) en ese mismo año. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana, mediante el Acuerdo Puerta del Cielo de 1998 firmado en Maguncia (Alemania) y la reunión de Ginebra realizada en el año 2000; e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión que tuvo lugar a finales del 2005 y a la cual se siguieron tres sesiones más en el transcurso del 2006, finalizando el proceso en agosto del 2007 tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación inicia en marzo del 2016, pasados tres años desde que comenzarán las conversaciones con las FARC que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el ELN ha tenido un componente político mucho más marcado que las FARC, pese a que los segundos superaran en cuatro veces la capacidad operativa militar de los primeros. Esto implicó que pese a que el inicio de conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, estas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.

Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las FARC, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogos contempla seis puntos en discusión: la ya señalada participación de la sociedad, la democracia para la paz, el asunto concerniente a víctimas, las transformaciones para la paz, el ámbito concerniente a la seguridad para la paz y dejación de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.

Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, las cuales contemplaban que dicha negociación se estableciese fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas al interior del ELN, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (COCE) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, primer comandante del ELN, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe un halo de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto a los riesgos asumidos por el ELN, el comandante Pablo Beltrán también advertiría: “el paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por FARC, y quedarse quieto para la guerrilla representa un riesgo aún mayor”.  Cabe señalar en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las FARC se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo.

La solidez ideológica del ELN ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las FARC, no se aceptase ninguna medida unilateral por parte de la guerrilla, tal y como intentó inicialmente el gobierno requiriéndoles un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercio y ganadero-, quedando este asunto agendado para el siguiente paso en el proceso.

En todo caso y más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia elena, es la primera vez que desde que se fundó el ELN se firma un documento con el gobierno. En eso tuvo mucho que ver las presiones del Papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.

La reconversión de las FARC

La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo las manteniendo sus siglas FARC, pasan a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, recordando el proceso del Ejército Popular de Liberación (EPL) que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19 que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas FARC puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. Con base en lo anterior, cabe recordar que en aproximadamente el 10% de los 1.123 municipios que componen el Estado colombiano la política local ha estado controlada por los farianos durante décadas.

Pese a que el gran reto de las refundadas FARC debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Siendo serios, tras seis décadas de conflicto civil armado el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y mas propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o enorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si se hubiera que ubicar un perdedor en este congreso, este sería Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las FARC guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas FARC disponen de 10 curules asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada o Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención-, figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.  

El desmarque respecto a las nuevas FARC de la izquierda política colombiana se evidenció a través de su no asistencia al congreso. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdo de paz. Tan solo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.

En paralelo y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en un Legislativo. Allá, los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia, es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frente farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares, a lo que hay que añadir que según el Defensor del Pueblo en Colombia fueron asesinados en total 186 líderes sociales desde enero de 2016 hasta el 5 de julio pasado.

Respecto a las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz- al interior de las FARC, el gobierno colombiano registra según sus últimos cálculos un número aproximado a 400 combatientes que se conforman en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho diferentes departamentos (provincias) del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en la zona suroriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes (bacrim).

El discurso posconflicto ante la próxima campaña electoral

A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y nueve de la presidencial, todo parece indicar que el país electoralmente de nuevo se polarizará en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en básicamente dos candidatos fuertes. Estos serían Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz articulados por Santos, el pacto con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo, el cuestionamiento al gobierno de Maduro y una irrisoria alerta social a que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, para terminar reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios que sienten como amenaza la Justicia Transicional derivada de los acuerdos de paz. Por su parte el uribismo, más allá de quien termine siendo su candidato –existen en la actualidad cuatro precandidaturas distintas al interior de Centro Democrático-, la estrategia se basa en posicionar la idea de que Santos entregó el país a las FARC, generando alarma en un empresariado rural al que se les dice que sus tierras terminaran siendo entregadas a los excombatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados valores morales más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como lo es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van desde el centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los Progresistas de Gustavo Petro, lo que conforma el entorno al nuevo partido de las FARC y por último, la coalición entre la Alianza Verde de Claudia López,  Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo y el Polo Democrático del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver como se solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo del 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda vs derecha, para situarse en el eje derivado del posconflicto.