El gatopardismo correísta

Decio Machado // Director Ejecutivo de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Revista Viento Sur

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Tras la crisis financiera de 1999 y la dolarización en el 2000, que tuvo como grave consecuencia la pérdida de soberanía monetaria del país, los gobiernos antecesores al correísmo intentaron estabilizar la economía nacional y recuperar la inversión extranjera a través de la construcción de un nuevo oleoducto de crudos pesados (OCP). Su escaso éxito deviene de la entonces limitada participación del Estado en los excedentes petroleros de las empresas privadas y el hecho de que los yacimientos estatales se encontrasen afectados por una producción declinante y una limitada inversión, lo que acotó los ingresos fiscales derivados de la actividad petrolera y su efecto articulador con la economía nacional.

Más allá de la debilidad de aquellos gobiernos, este período se desarrolló en un marco de condiciones favorables tras el caos económico ecuatoriano de fin de siglo: el precio del petróleo creció en algo más del doble de su valor hasta alcanzar los USD 50,75 por barril en 2006 (Figura 1) y la masiva emigración internacional de trabajadores y trabajadoras hacia países industrializados (Figura 2) generó la llegada sustanciosas remesas desde el exterior.

Figura 1:

Figura 2:

Esta combinación de factores propició el crecimiento del país entre los años 2000 y 2003 con un promedio de 2,17%, pasando en 2004 a aumentar al 5,7% fruto del aumento de la producción petrolera transportada por el nuevo OCP.

El flujo de remeses internacionales y la reducción de la inflación, que pasó del 91% en el año 2000 al 2% en el 2005, permitió el desarrollo del mercado interno ecuatoriano. Esto hizo que el PIB per cápita ascendiera de USD 1.336 entre los años 1993-1999 a USD 1.514 en la década 2000-2009.

En resumen, la economía ecuatoriana se fue consolidando durante la primera década del presente siglo, tras el caos de 1999-2000, desarrollándose un crecimiento muy superior a la década pre-dolarización (Figura 3).

Figura 3:

La “popularización” del sistema financiero privado (facilidad de acceso al crédito para familias humildes buscando incentivar el consumo) consolidó un capital emergente que enfocando sus criterios de rentabilidad hacia el mercado interno, lo que le diferencia de la vieja oligarquía que se conformó históricamente en torno al agrobusiness, agudizó el problema de la existencia de empresas monopólicas en el mercado ecuatoriano.

Es en esta coyuntura en la que se da el nacimiento del correísmo a través de una variopinta alianza de organizaciones políticas y personalidades públicas que impulsan, unos meses antes de los comicios electorales del 2006, la candidatura de Rafael Correa al sillón presidencial. Correa fue la expresión de una lógica política y otra económica que se desarrollaron en paralelo. Por un lado, el hastío ciudadano ante la sucesión de gobiernos caracterizados por sus altos niveles de corrupción y desinstitucionalización del Estado; y por otro, la necesidad de expresión política de ese nuevo capital emergente, que en conflicto con la vieja oligarquía agroexportadora, propugnaba la modernización de los mercados nacionales para superar un modelo económico que había quedado arcaico y limitado a la exportación de banano, flores, camarón y petróleo.

Al igual que el keynesianismo buscó insertar a la clase trabajadora como una fuerza para el desarrollo capitalista, tras el Crack de 1929, mediante la estrategia de expansión de mercados propuesta por el fordismo; la llamada “revolución ciudadana” pretendía dinamizar mercados internos y modernizar el capitalismo ecuatoriano, buscando salidas post-neoliberales que generasen una inserción más inteligente del Ecuador en el sistema-mundo.

Desde su perspectiva ideológica, al igual que Keynes aseguraba “puedo estar influido por lo que me parece de sentido de justicia, pero la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada”; el presidente Correa manifestaba hasta muy recientemente que su éxito económico se basa en el hecho de que “estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación”, planteando una apuesta clara por lo que él define como “economía capitalista moderna”. Es decir, se entendió el posneoliberalismo en los mismos términos que en su momento el keynesianismo entendió el posliberalismo.

La irrupción en el proceso electoral del 2006 de un outsider (Rafael Correa) enarbolando propuestas desarrollistas, en un país con una economía atrasada y con una alta deslegitimación social de su casta política, hizo que el viejo sistema “partidocrático” se desmoronara cual “torre de naipes” sin capacidad de recuperarse aun en la actualidad.

La política económica correísta

Según Ernesto Laclau, el “pueblo” no opera en el populismo como una dato primario sino que es el fruto de una construcción. Desde esa perspectiva, el neopopulismo ecuatoriano se desarrolló bajo una práctica política sustentada en la movilización de masas y el liderazgo carismático, encontrando su legitimación desde el conflicto -más imaginario que real- sostenido en una retórica anti-élite que teatralizó un “supuesto” desafió al statu quo utilizando redes clientelares a fin de legitimar su liderazgo a través de los votos.

Esta situación conllevó un profundo distanciamiento entre el discurso y la praxis correísta, desarrollándose medidas que si bien posicionaron determinados beneficios a la población, lejos están de significar transformaciones en el modelo económico y las relaciones sociales existentes en el país. Al fin y al cabo, el correísmo se ha mostrado como una “tercera vía” superadora del conflicto existente en las últimas décadas entre el neoliberalismo y los sectores populares en resistencia.

A efectos económicos la lectura es clara, la intervención del Estado en la dinamización de la economía nacional –principal característica del socialismo del siglo XXI- significó en Ecuador que el gasto de inversión pasara del 11,4% del PGE en 2008 al 20,57% en 2013, mientras los ingresos de los grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional se hayan ido incrementado paulatinamente durante todos estos años (Figura 4) sin que exista desconcentración alguna en la economía monopólica existente (Figura 5). En otras palabras, las empresas más grandes del país ganaron más durante el período correísta que durante el período neoliberal inmediatamente anterior al correísmo.

Figura 4:

Figura 5:

De esta manera, el capital emergente surgido tras la crisis financiera de 1999 se consolidó durante la primera década del presente siglo, recibiendo también el mayor porcentaje de créditos comerciales frente al escaso financiamiento para las PYMES, lo que le ha permitido incrementar sus beneficios durante el período de gestión correísta. La única novedad que podemos detectar en este período es la inclusión de empresas chinas en los ranking de beneficio empresarial existentes en Ecuador.

La cuestión se agrava en la medida que la dinamización económica promovida desde el Estado, a pesar del generalizado incremento de la capacidad adquisitiva de la población (Figura 6), ha derivado en un fuerte crecimiento del endeudamiento familiar con base al consumo. Según un reciente estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, el 41% de los hogares ecuatorianos gastan más de lo que ganan, siendo las personas que más endeudadas están las que menos ingresos perciben.

Entender el endeudamiento actual de más de 400.000 familias ecuatorianas (el tamaño promedio del hogar ecuatoriano es de 3,9 personas) conlleva comprender un sumatorio de factores adicionales: la flexibilización de las condiciones de crédito al consumo buscando incentivar el consumo, la falta de educación financiera de los sectores populares y de clase media baja, así como la complicidad entre el sistema financiero y las autoridades propiciando el actual festín consumista.

Sin embargo, este modelo de incentivación del consumo comienza a mostrar sus límites: según datos de la patronal bancaria, en la actualidad el 43% de sus clientes pide créditos para pagar otras deudas.

Figura 6:

Con el deterioro actual de la economía nacional consecuencia de la caída de los precios del crudo en el mercado internacional (el petróleo representa el 54% de las exportaciones ecuatorianas y sus ingresos equivalen al 11,5% del PIB) y la ralentización de la economía china, la cartera de consumo empieza a deteriorarse. En paralelo, el indicador de morosidad subió hasta el 6,33% en abril del presente año, lo cual siendo apenas la mitad del 12,51% de morosidad bancaria existente en Estado español, por su tendencia al alza ya comienza a ser preocupante.

El discurso correísta promueve a su vez las bondades del crecimiento de las actividades productivas en el país con miras al cambio de matriz productiva, buscando que nuevos sectores económicos como el industrial o la economía del conocimiento sostengan la futura economía nacional. Sin embargo, basta analizar el comportamiento de las exportaciones al igual que la tasa de crecimiento de los sectores productivos, financieros y comerciales del país para detectar la inexistencia de cambios significativos en la matriz productiva nacional, la cual sigue siendo de carácter primario y con una presencia extremadamente débil de la industria.

El llamado “milagro” económico ecuatoriano es una falacia propagandística del régimen y el crecimiento económico del país apenas fue el fruto del momento favorable de precios del petróleo en el mercado global de commodities hasta fechas recientes. La capacidad transformadora del Estado en la estructura económica del país es inexistente, y a lo que en realidad hemos asistido es a un proceso de reprimarización económica: las exportaciones de bienes procesados no petroleros en 2006 significaban el 4,9% del PIB nacional mientras que en 2014 dicho porcentaje descendió al 3,9%. Terminada la “época dorada” de los commodities, el correísmo entró en una agresiva política de endeudamiento externo que dio al traste con los logros alcanzados en 2009, cuando se declaró parte de la deuda externa como ilegal e ilícita.

Respecto a las condiciones existentes en el mercado laboral ecuatoriano, tampoco de se visualizan mejoras significativas. Mientras el aparato de propaganda gubernamental habla de que en el país apenas existe desempleo (Figura 7), la realidad es que se mantiene una tasa brutal de empleo inadecuado (todo trabajador o trabajadora que recibe ingresos inferiores al salario mínimo de 354 dólares al mes y/o trabaja menos de la jornada legal) o lo que Marx llamaría “ejercito de reserva”.  

Figura 7:

Respecto a política fiscal, un reciente informe elaborado por la PUCE indica que durante los primeros ocho años de su gestión el gobierno correísta había recaudado 131 mil millones de dólares en tributos, de los cuales el 30% devienen del Impuesto a la Renta (Figura 8).  

Figura 8:

El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional de los cuales 16 de ellos controlan la mayor parte de la economía (Figura 9). Las políticas fiscales y productivas desarrolladas en los últimos años permitió una serie de excepciones fiscales que determinan el hecho de que la presión fiscal no recaiga sobre las grandes empresas (Figura 10), recaudándose de estas tan solo el 15% del montante total del Impuesto de la Renta. A esto se suma el hecho de que dicho impuesto se rebajó para las transnacionales extractivas (petroleras y mineras) del 44% al 25%.

Para más inri, el Ejecutivo determinó en el presente año conceder una amnistía fiscal a las empresas que tenían acumulado deudas con el fisco –cuantificado en unos 5.000 millones de dólares de las cuales el 90% corresponden a deudas de grandes empresas y transnacionales extranjeras-, liberándoles de multas, gastos de mora y pago de intereses a todos aquellos que abonen al Estado sus pagos pendientes

Figura 10:

Y llegó la crisis…

Durante el año 2015 el Ejecutivo se vio obligado a realizar dos recortes al PGE. El primero en enero por USD 1.420 millones y el segundo en agosto por 800 millones, lo cual ya ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional. El proyecto de presupuesto fiscal para el ejercicio del año 2016 prevé una reducción del 20% sobre el del año anterior, anunciándose la privatización de las gasolineras de la estatal Petroecuador y la eliminación de los subsidios existentes sobre la gasolina, electricidad, gas doméstico y transporte urbano. Más allá de que algunas de estas medidas tengan un sentido de racionalización presupuestaria, es evidente que la salida a la crisis se busca desde la derecha y busca que sean la ciudadanía quien la financie.

La necesidad de liquidez por parte del Estado es un hecho evidente, y el creciente endeudamiento a través de créditos chinos y venta anticipada de petróleo –algo que ni en neoliberal se atrevió a implementar- ya no son suficientes. A mediados del 2014 el gobierno entregó a Goldman Sachs (uno de los responsables impunes de la crisis subprime) la mitad de sus reservas de oro como garantía para un crédito de USD 400 millones. De igual manera, Ecuador regresó al mercado financiero internacional en junio del 2014 con la colocación de bonos soberanos por USD 2.000 millones, luego de declarar una moratoria selectiva de su deuda externa pública en 2008. Ya en 2015 se volvieron a emitir bonos en dos ocasiones por USD 750 millones a cinco años cada uno de ellas, siendo sus tipos de 10,5% y 8,5% respectivamente, lo que indica un alto nivel de riesgo país si lo comparamos con los tipos de interés aplicados en otros países de la región.

Por otro lado es muy significativo el hecho de que a pesar del discurso anti-imperialista que el presidente Correa ha mantenido durante todo su mandato, la economía del Ecuador ha vuelto a ser monitoreada por el FMI. En su último informe, la institución presidida por Christine Lagarde aplaudió las últimas medidas de ajuste adoptadas por el Ejecutivo y animó al mandatario ecuatoriano a “redoblar los esfuerzos para preservar la estabilidad financiera y fortalecer la competitividad del país”.

Así las cosas y en franco retroceso de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno correísta, queda el riesgo de que quienes salgan más golpeados por la actual crisis económica sea el 43% de población vulnerable (ingresos comprendidos entre 4 y 10 dólares diarios según CEPAL) que el PNUD define como mayor target poblacional existente en el Ecuador.

Instauración del Estado Control para maquillar la realidad

Implementar una política económica como la descrita con anterioridad conllevó por parte del correísmo reinstitucionalizar un Estado reducido a su mínima expresión durante la era neoliberal. Es así que se implementó un Estado que pretendió  con escaso éxito asemejarse al modelo de seguridad fordista, el cual se caracterizó por su tendencia a la institucionalización de los conflictos de clases bajo el control del Estado. Para ello fue necesario la recuperación del rol del Estado como gran centro burocrático que se pretende eje regulador y organizador de la sociedad.

Llamar a este proceso “revolución ciudadana” no fue más que una estrategia propagandística gubernamental. Recordando a Horkheimer y Adorno, “la falsedad es inseparable de la propaganda”.

Para ello, entre 2007 y 2014 se aprobaron 180 leyes que modernizaron el viejo y anquilosado sistema jurídico ecuatoriano y a través de las cuales se visualiza cuales son los ejes de interés del Estado: el 34% de estas leyes tienen referencia al marco legal general, el 21% son reformas sobre la organización del Estado, otro 21% son reformas de carácter administrativo, 19% son referentes al régimen de desarrollo económico, y tan solo 4% tienen anclaje en la participación y la pluralidad política. El proceso de tardo-modernización capitalista impulsado desde el régimen y sostenido sobre los elevados ingresos obtenidos del petróleo durante los primeros ocho años de gobierno correísta, permitieron políticas redistributivas de las cuales se han obtenido importantes indicadores sociales: la pobreza medida por ingresos (línea de pobreza nacional fijada en 2,63 dólares diarios) disminuyó del 37,6% en 2006 al 22,5% en 2014. En educación superior el país es el que más invirtió en América Latina con 2,12% del PIB, condición que ha permitido -entre otras cuestiones- que desde 2007 unos 10.500 estudiantes hayan obtenido becas y se creen cuatro nuevas universidades. Aunque la evasión fiscal mantiene indicadores muy altos, entre 2007 y 2014 se duplicó el número de contribuyentes activos lo que ha permitido triplicar las cifras de recaudación. El incremento de recaudación tributaria sumada a los ingresos por crudo más importantes que haya tenido gobierno alguno en el Ecuador permitió que se triplicase la inversión social en el país durante estos años. De igual manera, se realizó una fuerte inversión en la modernización de infraestructuras, especialmente vial, buscando competitividad sistémica para atracción de inversiones.

Todo lo anterior, sin duda positivo, era una necesidad del sistema para democratizar el acceso al sistema educativo y el mercado, así como para obtener una mano de obra más calificada en el país. El nuevo capitalismo ecuatoriano entendió que la exclusión total de un amplio sector de la población, generada por la implementación salvaje y posterior crack del neoliberalismo en la región andina, vino a significar un desperdicio de recursos humanos para el sistema de producción capitalista y fue muy poco eficiente para el adecuado funcionamiento del capitalismo global, dado que no introdujo en la cadena de producción y servicios al conjunto de quienes pueden producir riqueza, ni en la cadena de consumo instaurada desde los mercados a todos los que pueden consumir y generar beneficios para el capital.

La singularidad de la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, se basa en el hecho de que se ha generado una tendencia cada vez más agudizada hacia un modelo de Estado Control autoritario. Volviendo a Horkheimer, hablamos de Estado autoritario como un fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Esto es lo que ha sucedido en Ecuador, y para comprender enteramente esta realidad basta significar que durante el período pre-correísta se vivió un escenario de inestabilidad política que determinó que ningún gobierno desde 1996 terminara su legislatura. Es por ello que los excesos y abusos de poder que con cada vez mayor frecuencia se han ido manifestando en la gestión gubernamental, se hayan mantenido hasta ahora desde el consenso ciudadano, habiendo sido utilizado el uso de la fuerza solo manera puntual. Un poder mitad coerción mitad legitimidad diría Gramsci…

El correísmo encarnó el deseo mayoritario en la sociedad de construcción de un futuro donde se logre superar las causas que generó la crisis neoliberal, unificando bajo un Estado con tendencia autoritaria al conjunto de una ciudadanía anteriormente muy dividida. Para ello se utilizaron los estandartes, consignas y banderas de la resistencia al neoliberalismo, dando forma a lo Bordieu, recogiendo un pensamiento anterior de Simone de Beauveoir, definiera como conservadurismo reconvertido o conservadurismo progresista.

El correísmo, al igual que cualquier régimen con tendencia autoritaria, ha tenido la necesidad de generar altas dosis de propaganda política, dado que debe convencer a la opinión pública que su gobierno es único e insustituible, y que todo lo que le precedió era fruto del caos.

Es así que el aparato de propaganda de régimen (una Secretaría estatal de Comunicación con un presupuesto desproporcionado respecto al tamaño del país, más 12 de los 61 medios de comunicación existentes en el país -el mayor holding mediático existente en el Ecuador- están al servicio del gobierno) actúan reproduciendo las formas clásicas de intoxicación informativa a la que nos tienen acostumbrados los medios privados, aunque en este caso desarrollando el culto a la personalidad del líder y la antítesis de todo aquello que nos enseñaron los viejos luchadores desde la comunicación por el socialismo (Rodolfo Walsh: “el periodismo es libre o es una farsa”).

Sin embargo, sería el propio Defensor del Pueblo quien en diciembre del 2011 –momentos antes de ser obligado a abandonar su cargo- reconocería textualmente en un informe: “En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano”. El documento hacía alusión a la persecución de líderes comunitarios, mayoritariamente indígenas, que se oponen a la implantación forzosa del modelo extractivista (minería a gran escala y ampliación de la frontera petrolera) en sus territorios. Frente a esto, el Estado niega tal actuación, justificando los procesos de judicialización y criminalización de la protesta social como la legítima aplicación del arcaico principio del dura sed lex (la ley es dura) frente a la supuesta inmadurez de un sector de la ciudadanía. En paralelo también niega el debate social, con esperpénticas declaraciones como la proferida por presidente Correa cuando declaró: “¿Dónde está en el Manifiesto Comunista el no a la minería? Tradicionalmente los países sociales fueron mineros. ¿Qué teoría socialista dijo no a la minería? Son los pseudointelectuales postmodernistas los que meten todos estos problemas en una interminable discusión. No hay donde dudar, salir del modelo extractivista es erróneo”. Esta forma de tratamiento desde el poder hacia la disidencia, define el desarrollo del germen interior que tiene todo Estado de tendencia autoritaria en su fase inicial: el monopolio de la violencia.

Así el Estado ecuatoriano y sus aduladores ignoran que la movilización social es en la práctica, la única forma efectiva de participación para múltiples sectores sociales en temáticas que les incumben y de las que han sido históricamente excluidos. Para la perspectiva de un gobierno que se llama a sí mismo “revolucionario” debería ser un principio fundamental propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados en la sociedad, entendiendo esto como un mecanismo que busca conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en asuntos públicos.

En todo caso, una de las mejores perlas que ha dejado el correísmo entre sus diversas justificaciones para explicar su tendencia autoritaria fue la pronunciada por Galo Mora -ex secretario general de Alianza PAIS- hoy premiado como representante del Ecuador en la UNESCO. Al ser interrogado sobre el hecho de que no exista división de poderes en el país –el Ejecutivo en la práctica supedita al poder Judicial y al Legislativo- y sobre que sean los militantes del partido de gobierno quien engrosen mayoritariamente las listas de miembros de los organismos que se presuponen autónomos y de control al gobierno (Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, etc…), dijo en un claro revival absolutista: “Cuando se dice aquella división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu… ¿no es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una ley divina? ¿Quién determinó que eso es lo que tiene que existir?”.

En resumen, el correísmo confundió hegemonía –una composición de dominación y dirección, lo que implica presencia ideológica en la sociedad y el Estado combinado con el control sobre la dirección económica y control de los medios de producción- con el monopolio de la vida política y el recorte de las libertades de opinión, expresión y asociación. Todo ello en un Estado donde no hay con que equivocarse, es un Estado de clase que bajo variopintos argumentos legitima, reproduce y garantiza las condiciones de la acumulación capitalista.