El ministerio de Asuntos Exteriores desembarca en África con una ofensiva diplomática sin precedentes. El objetivo es el control de flujos migratorios a cambio de una cuestionada cooperación para el desarrollo. El Ejecutivo español desarrolla, desde el verano de 2005, una importante iniciativa diplomática en el marco comunitario, con el objetivo de que la UE brinde ‘apoyo logístico’ para el control de los flujos migratorios llegados desde África, y despliegue infraestructura militar, tanto marítima como aérea, para el control de las fronteras en la zona. Especialmente en los países que han sido definidos como ‘zonas calientes’ (países de origen y de paso en las rutas migratorias).
Los responsables de Exteriores plantean un giro, sin precedentes en los últimos 28 años, en su política exterior con respecto a los países del África negra. La ofensiva diplomática española basa su estrategia en dos pilares: el Plan de Acción para África Subshariana (Plan África), aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 19 de mayo. Y la Conferencia Euroafricana de Rabat, que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio en la capital marroquí.
La elaboración del Plan África se inició tras los sucesos acaecidos en las vallas de Ceuta y Melilla durante el segundo semestre del año pasado. El plan ha sido aprobado apresuradamente, coincidiendo con la llegada de cientos de inmigrantes a Canarias. Llegada que se ha ido incrementando paulatinamente desde el inicio de esta primavera.
El Plan África se articula en torno a siete objetivos generales: colaborar en el afianzamiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en África, la atención especial a la lucha contra la pobreza, la cooperación para regular adecuadamente los flujos migratorios, la participación activa española en el desarrollo de una estrategia de la UE hacia África, la intensificación de intercambios económicos y de inversiones en el continente negro y el fortalecimiento de la cooperación cultural.
La declaración de intenciones recogidas en el Plan África, así como las declaraciones del ministro Moratinos a mediados de junio en Mozambique, donde indicó que: “Quien tenga catadura moral y compromiso ético, comprenderá lo importante que es acercarse a ellos, identificar los obstáculos y modestamente, tratar de ayudarles”, resaltan el carácter solidario que el Gobierno socialista pretende dar a su nueva empresa.
Carácter que, sin embargo, no es asumido por múltiples organizaciones de inmigrantes, que entienden que de los siete objetivos esbozados en el plan, sólo tiene prioridad el del control de los flujos migratorios, girando en torno suyo todos los demás.
Militarización
A propuesta española, la Agencia de Control de Fronteras de la UE (Frontex) aprobó a finales de mayo un nuevo sistema de vigilancia militar, tanto naval como aéreo, que ha permitido que desde primeros de junio ocho países de la UE (Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Letonia, Noruega, Suecia y Reino Unido) hayan desplegado patrullas y operativos policiales y militares para el control de las costas de las Islas Canarias, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, con el objetivo de frenar la llegada de cayucos con inmigrantes al archipiélago canario.
En el Consejo Europeo del 15 y 16 de junio, en Bruselas, se acordó la incorporación de otros cinco países comunitarios a esta operación. Ésta, en una segunda fase (2007), abarcaría también las costas de Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Además, este operativo militar se extenderá en breve a las costas de Malta, con la consiguiente intensificación de la militarización de la zona este del Mediterráneo. Por su parte, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, dio luz verde a la implementación de la vigilancia vía satélite para fotografiar los movimientos de población en la ruta africana occidental.
Estas políticas de militarización de las fronteras ya fueron puestas en marcha por el Ejecutivo español con las medidas adoptadas tras los incidentes en las vallas de Ceuta y Melilla. Allí constan oficialmente 14 muertes -aún sin aclarar- de inmigrantes por desmanes de las autoridades españolas y marroquíes.
Los ministros de Interior del G-6 (Alemania, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido y Estado español), reunidos en Heiligenddamm (Alemania) a finales de marzo, ya aprobaron la propuesta del entonces titular español, José Antonio Alonso, de crear, en el África Occidental, una Red de Oficiales de Enlace dedicada exclusivamente a la lucha contra la inmigración irregular. Este operativo, integrado por militares de los países del G-6, se desplegó en abril en países como Mauritania, Nigeria, Senegal, y Ghana, entre otros, teniendo su centro coordinador en las Islas Canarias.
Estos operativos consolidan los planes militares Seahorse y Atlantis. El primero, financiado por la UE, está gestionado por la Guardia Civil. Tiene como objetivo la creación de una red de información sobre el terreno que permita la prevención y el control de las rutas de los migrantes, actuando policialmente sobre las costas africanas. Por su parte, el programa Atlantis se centra en la vigilancia marítima conjunta entre la Guardia Civil y las autoridades mauritanas, así como en la formación y en la cesión de embarcaciones a la Gendarmería de dicho país.
Convenios de repatriación
El titular español de Justicia, López Aguilar, ya había anunciado cuál sería la estrategia española en relación a las políticas de cooperación: “Creemos que es sensato vincular el incremento de la cooperación al desarrollo de convenios de repatriación”. Según declaraba Moratinos en mayo, en Bruselas, “estos países, que van a recibir fondos europeos, deben comprender el desafío que todos estamos viviendo y deben ser corresponsables de la gestión de flujos migratorios”. Así, la diplomacia española se ha marcado como objetivo fundamental la firma de acuerdos de repatriación -y su cumplimiento- por parte de todos los países afectados. Para ello, los responsables de la política exterior española se han reunido con casi una treintena de países pertenecientes al África Subsahariana en los últimos dos meses.
La importancia dada a estos acuerdos es tal, que el presidente Zapatero, durante el debate sobre el Estado de la Nación, anunciaba a ‘bombo y platillo’ que Senegal había aceptado las repatriaciones y que Guinea Bissau estaba a punto de hacer algo similar. Doce días después, Cabo Verde, Camerún, Guinea Conakry y Sierra Leona acordaban negociar acuerdos de colaboración frente a la inmigración ilegal y aceptar los acuerdos de repatriación a cambio de ayudas a la formación y al empleo.
El esfuerzo económico, aunque insignificante ante la magnitud de los males de África, es importante para el presupuesto español. El total de la Ayuda Oficial al Desarrollo para la región ha pasado de 123 millones de euros en 2003 a 450 millones en 2005. También las partidas que gestiona directamente la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) se han incrementado de 33 millones en 2003 a 70 en 2005. Antes de la aprobación del Plan África, el Gobierno español ya tenía firmados convenios de repatriación con Marruecos, Guinea Bissau, Níger, Mauritania, Nigeria y Ghana (el principal destino de las exportaciones españolas de munición), aunque el único que aplicaba con regularidad era el contraído en Rabat.
Cumbre euroafricana
A primeros de junio tuvo lugar en Dakar (Senegal, país donde se concentran hoy los medios, burocracias e infraestructuras que todos estos planes conllevan) un encuentro respaldado por representantes de varios organismos internacionales entre diplomáticos europeos (españoles y franceses sobre todo). El objetivo: preparar la Conferencia Ministerial Euroafricana sobre migración y desarrollo que tendrá lugar en Rabat los días 10 y 11 de julio.
A pesar de su confidencialidad, algunos de los párrafos de la futura declaración final ya han salido a la luz. “La Conferencia (sobre inmigración clandestina) debe traducirse en la adopción de medidas concretas, a corto y medio plazo, a lo largo de las rutas migratorias; (hace falta) un plan de acción pragmático y audaz (...), acciones rápidas y tangibles para responder a la urgencia de la situación”.
El documento, que debería ser firmado por una docena de estados africanos, preconiza medidas drásticas en la “lucha contra la inmigración irregular”. Se trata de poner en marcha sistemas “eficaces” de readmisión “en el conjunto de los países concernidos”, de dotarse de medios para identificar “la nacionalidad de los inmigrantes en situación irregular”, y de reforzar “la capacidad de control de las fronteras nacionales de los países de tránsito y de partida”.
El texto privilegia asimismo el “refuerzo de la cooperación en materia judicial y policial contra las redes de inmigración clandestina”. Sin embargo, para la cooperación económica, el desarrollo del comercio y la prevención de conflictos no se especifican dotaciones económicas. Se trata más bien de “reforzar y optimizar los medios institucionales ya existentes”.
Este artículo fue publicado por el periódico Diagonal nº 33, en junio del 2006
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