miércoles, 24 de mayo de 2017

El discurso correísta

Por Decio Machado / Sociólogo y periodista
Publicado en Revista La Barra Espaciadora

La última fase de modernización capitalista en Ecuador tuvo lugar con la implementación del modelo neoliberal, durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), el cual da inicio al predominio del capital financiero sobre el productivo, enmarcándose en el proceso de globalización mundial.

Con un acumulado de demandas populares históricamente ignoradas por las élites políticas nacionales, se amplió aún más la vasta variedad de antagonismos sociales que existían ya en el país. Así se configuró un escenario político-social que permitiría la posterior construcción de un recurso político retórico de perfil laclauniano, basado en la articulación de un “nosotros-pueblo” frente a un “ellos-poder-oligarquía”, un sistema estable de sentidos colectivos capaz de construir una identidad común entre grupos demandantes.

Orígenes de la comunicación política correísta

Las elecciones presidenciales del 2006 tuvieron un perfil marcadamente mediático. Un entonces joven outsider llamado Rafael Correa marcaría las pautas de un modelo de comunicación política sustancialmente diferente al de sus adversarios en el que confluirían dos cuestiones básicas: una estrategia de construcción de imágenes de sí mismo buscando hacerse creíble (ethos de credibilidad) y atractivo (ethos de identificación) a los ojos de la ciudadanía, junto a la presentación de valores capaces de procurar la adhesión ciudadana.

En el plano de la comunicación política, se diseñó un modelo de campaña que permitió al candidato presidencial recorrer todo el país, llegando a lugares que sus rivales electorales desecharon pues eran considerados de escasa rentabilidad electoral. El candidato emergente les ganó el pulso en el contacto directo con la población y sentó las bases de lo que luego serían los gabinetes ministeriales itinerantes y sus Enlaces Ciudadanos en lugares nunca antes visitados por un mandatario ecuatoriano.

Esta estrategia permitió incrementar los indicadores de conocimiento, identificación y penetración en la ciudadanía de su candidato presidencial, y permitió un escenario idóneo para lanzar sistemáticos ataques contra sus desprestigiados rivales políticos. La estrategia correísta se basó en la comprensión de una regla básica electoral: cuando hay descontento social respecto del sistema político imperante, recurrir al ataque y la descalificación permanente de quienes encarnan su status quo. Esta lógica comunicacional basada en la desacreditación del contrario se ha mantenido como uno de los recursos dialécticos más utilizados durante esta década de gobierno.

Pero además –tal y como nos enseñaran los antiguos griegos en las discusiones de Platón o en las historias de Herodoto–, el correísmo puso en marcha la utilización del mito en la política. Así, se utilizó como primera imagen gráfica de campaña el rostro de Rafael Correa en forma de negativo fotográfico, lo que desató fuerte impacto social debido a la simpleza de la imagen y a sus similitudes con la iconografía guevarista proveniente de la foto del Che que hizo Alberto Korda, en marzo de 1960. De esta manera, un joven docente académico sin apenas recorrido político y carente de militancia en las luchas sociales de su país, mediante una imagen a dos colores en la que su mirada apunta hacia un horizonte que simboliza el futuro, se asociaba a la figura del más famoso héroe revolucionario latinoamericano del siglo XX. Esta estrategia se impuso durante toda su gestión. Se asoció su figura y la de la Revolución Ciudadana con la figura del general Eloy Alfaro y con la Revolución Liberal de 1895.

En suma, la estrategia comunicacional correista acató aquella afirmación de hiciera unos años atrás el novelista estadounidense Patrick Rothfuss: “Las mejores mentiras sobre mí son las que yo mismo he contado”. El correísmo implementó el recurso del mito –termino que proviene del griego mythos y que hace referencia a “lo que se ha dicho”– como el ideal de un nuevo modelo de sociedad. Se asociaron también las iniciales de Rafael Correa (RC) con la Revolución Ciudadana –nombre propagandístico del proceso político en curso– y se usaron elementos tan seductores para la población como el patriotismo y el nacionalismo, a través de eslóganes como “La Patria ya es de todos”, “La Patria vuelve” o “Pasión por la Patria”.

En 2006 ya se diseñó un fórmula combinada entre las estrategias de posicionamiento político que podríamos considerar clásicas (puerta a puerta, recolección de datos, retórica con rasgos populistas) y las de carácter innovador (propaganda basada en la realización de piezas comunicacionales novedosas, segmentación de mensajes hacia los diferentes públicos objetivos, viralización de mensajes a través de las redes sociales, el uso de emotivas canciones revolucionarias y una puesta en escena estéticamente basada en conectar con los sectores medios y más jóvenes de la sociedad).

Cuando el héroe se vuelve villano

Construido el mito y sus bases discursivas, la política correista durante esta década se ha basado más en mantener la imagen inicialmente construida en el subconsciente colectivo que en articular un proyecto político que combine el discurso radical con una praxis realmente transformadora. Es así que el correísmo entendió que en el plano de lo discursivo cuenta más la “veracidad”, basada en la capacidad de escenificar un guión dramático capaz de conmover al público, que la “verdad” de lo que se dice.

El discurso correísta desde el 2006 hasta hoy ha sido simple y se ha sostenido sobre tres aspectos básicos:

  • Reafirmar que la sociedad se encontraba en una situación social desastrosa y que los ciudadanos eran sus principales víctimas.

  • Determinar que la fuente del mal y sus responsables fueron la partidocracia y los medios de comunicación privados a su servicio.
  • Identificar de forma permanente que la única solución al pasado se articula en torno a la figura de Rafael Correa. Cualquier crítica contra dicho “salvador” nos convierte en cómplices de la restauración conservadora.

La estrategia correista funcionó mientras la figura de Rafael Correa se articuló como un hombre providencial, carismático, visionario y capaz de romper con el pasado.

Correa fue construido como un lovemark y aclamado igual que un superhéroe de Marvel que enfrenta a los villanos que amenazaban a la Humanidad. Sin embargo, gestionar superpoderes no es fácil y su actual declive de popularidad devino a partir de que sus políticas comenzaron a golpear tanto económicamente como en el marco de las libertades democráticas, al conjunto de ciudadanos.


martes, 2 de mayo de 2017

Brasil: retos en clave de tragedia griega para la construcción de una nueva izquierda





Por Decio Machado / Sociólogo y periodista

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12535

Al igual que los orígenes del antiguo teatro griego, la actualidad política en Brasil es una síntesis entre la épica (hechos legendarios y por lo tanto ficticios) y la lírica (género literario que se caracteriza por expresar emociones profundas). Visto que el nombre original dado por los griegos a su teatro fue θέατρον, término derivado de un verbo que significa “observar”, pretendiendo con ello poner ante los ojos del espectador una historia dramatizada, haremos lo mismo en el transcurso de este texto respecto a lo que sucede en la actual coyuntura política brasileña. Para ello utilizaremos la clásica división en cinco tiempos que estructura cualquier tragedia recreada tiempos atrás en los viejos anfiteatros atenienses.

El Prólogo

Dilma Rousseff heredó un gobierno, tras dos mandatos presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmaba socarronamente haber descubierto la fórmula del “ciclo virtuoso de crecimiento capitalista con inclusión social”. El progresismo brasileño hizo la opción, en palabras de André Singer –ex portavoz de la presidencia lulista-, de promover una gran pacto social conservador dentro del orden que excluye la movilización de la sociedad. Bajo esta tesis pretendidamente superadora de la lucha de clases, tanto la élite dominante como la clase trabajadora se articularon a una política que bajo la estrategia de ganar-ganar contentó durante un tiempo al conjunto de participantes.

Este juego de consensos políticos terminó con la llegada de la crisis económica al gigante suramericano. En el ámbito de lo económico el modelo brasileño se agotó, pues mientras que la tasa de desempleo fue alta las medidas gubernamentales de corte neokeynesiano que buscaron estimular el consumo –incrementos salariales, excepciones fiscales y subsidios para la adquisición de bienes- fueron exitosos, sin embargo ya con un indicador de desempleo a la baja este tipo de iniciativas comenzaron a generar inflación. Esto derivó en un recorte de inversiones y la pérdida de competitividad del sector industrial debido al alza de los costos productivos, lo que debilitó la actividad económica situando al país en la actual condición de recesión en la que se encuentra.

En paralelo y sin base aliada solida en el Legislativo, el Partido de los Trabajadores (PT) fue incapaz de aprobar ninguna medida fiscal que articulase una hoja de ruta que permitiese revertir dicho deterioro económico, condición que se vio agravada tras la aparición de los escándalos de sobornos en la petrolera estatal Petrobras y que salpica al conjunto del arco legislativo nacional más allá de sus respectivas filiaciones políticas. El deterioro de la estatal petrolera brasileña, en otro momento base de la estrategia desarrollista nacional tras el descubrimiento de las reservas de crudo en aguas profundas y en el Presal, determinó el recorte de un 25% (algo más de 30.000 millones de euros) en su plan de inversiones para el período 2015-2019. Con posterioridad aparecerían nuevos escándalos de corrupción a través de las principales corporaciones nacionales -Odebrecht, Andrade Gutierrez y OAS entre otras- implicadas en las grandes obras de infraestructura que con anterioridad impulsaban el crecimiento del PIB brasileño.

El sumatorio de la deriva económica y la deslegitimación de su casta política vino a significar un notable deterioro de la confianza anteriormente depositada por el capital especulativo internacional en un Brasil, que como país miembro de los poderosos BRIC ejercía un rol de “subimperio” en el ámbito regional suramericano. A medida que el gobierno de Rousseff perdía recaudación por impuestos debido a la parálisis económica nacional y se veía obligado a solicitar dinero prestado a intereses mayores para combatir la inflación, la deuda pública bruta brasileña iría incrementándose hasta alcanzar el actual 80.5 por ciento de su PIB.

La Párodos

A mediados del pasado mes de abril un muestreo realizado por el Instituto Vox Populi indicaba que apenas un 5 por ciento de la población brasileña cataloga como positiva la gestión del actual gobierno de Michel Temer. Pocos días después, a punto de completar 11 meses de gestión presidencial, Temer declararía en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo  que durante este período no ha cometido ningún error en su gestión. Según el actual mandatario brasileño su presidencia se caracteriza hasta el momento por “un montón de aciertos derivados de mucha valentía” (Folha de Sao Paulo, 10/04).

Pero recopilemos algunos datos enmarcados en nuestro prólogo anterior…

Brasil está sumido desde hace dos años en la peor recesión económica que ha vivido el país en más de un siglo y el desprestigio de su clase política se ve paulatinamente agravado por los cada vez mayores escándalos de sobornos que salen a luz pública a través de la Operación Lava Jato (una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil que se hizo pública a partir de marzo del 2014). En ese contexto Temer asumió el mandato presidencial de forma provisional en mayo del pasado año, tras haber sido Dilma Rousseff acusada por el Congreso de manipular cuentas públicas, siendo confirmado en este cargo de forma irregular y definitiva en el mes de agosto.

La salida de Dilma y del PT del Palacio del Planalto –sede del poder ejecutivo- fue indiscutiblemente un duro golpe para los sectores históricamente olvidados de la sociedad brasileña, pero conviene dejar claro también que su permanencia en el poder no garantizaba un freno a los recortes sociales que ella misma había ya comenzado a implementar a partir del inicio de su segundo mandato en enero del 2015. Si bien es cierto que la mayoría de la población brasileña se mostró favorable al impeachment contra Dilma, también lo es que esa misma mayoría nunca apoyó de forma determinante al gobierno nacido de tal destitución.

Es así que el gobierno de Michel Temer se forjó indebidamente con un propósito específico: hacer de su mandato un período de transición política hasta las nuevas elecciones presidenciales en octubre de 2018, teniendo como objetivo la implementación durante este tiempo de las más impopulares medidas económicas reclamadas por los grandes grupos del capital nacional, tanto históricos como emergentes, sin preocuparse por su desgaste político dado que Temer no será candidato en los próximos comicios electorales.

Los Episodios

Michel Temer es un personaje siniestro que tejió por más de tres décadas una red de poder que terminó colocándolo en la poltrona presidencial del Palacio de Planalto. Vinculado a logias masónicas, Temer ejerció por seis veces como legislador del Partido Movimiento Democrático Brasileño, una organización política carente de ideología que ha ocupado un lugar destacado en todos los gobiernos del Brasil desde el fin de la dictadura, siendo elegido como presidente de la Cámara de Diputados en tres distintas ocasiones. Pero Michel Temer es apenas un triste “títere” movido por los hilos de la rancia oligarquía brasileña, así que conocedor de su rol apenas transitorio acepta sin pudor que durante su mandato el país alcance su cifra récord de desempleo (elevándose este en la actualidad al 13.7 por ciento, es decir, 14.2 millones de personas) o que recientemente la corte suprema brasileña declarase abrir investigación por corrupción a un tercio de los ministros que conforman su gabinete. Las coordenadas del presidente Temer son claras y las demostró hace pocos días declarando al respecto que pese a esta situación de inestabilidad política y rechazo popular, “Brasil no puede parar, tenemos reformas pendientes” (Folha de Sao Paulo, 17/04).

Es bajo esa tenebrosa hoja de ruta que el pasado mes de diciembre la Cámara de Diputados aprobó una ley enviada desde el Ejecutivo que congela durante los próximos 20 años todo el gasto público destinado a programas sociales, especialmente en los sectores de la educación y la salud. De igual manera y apenas tres meses después, ese mismo Congreso encabezado por la rancia bancada ultraconservadora popularmente conocida como “BBB” (Bala, Boi –ganado en portugués- y Biblia) procedería a aprobar un anteproyecto de ley para la reforma laboral que permitirá –en caso de ser posteriormente validada por el Senado- la subcontratación laboral en cualquier ámbito de la actividad económica en el país, disminuyendo las cargas tributarias al sector empresarial, elevando el plazo permitido para los contratos temporales y reduciendo drásticamente el poder de negociación de las organizaciones sindicales brasileñas.

Temer asumió el mandato presidencial bajo la promesa de reducir el déficit público contraído por el Estado brasileño, el cual alcanzó el 8.97 por ciento del PIB (145.863 millones de euros) al cierre del año 2016. Es en aras a este objetivo que se ha agudizado un plan de contra reformas que ya se había iniciado durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, aunque en este caso depositando de forma brutal sobre las espaldas de los sectores menos favorecidos de la sociedad el peso del plan anti-crisis diseñado por la nueva agenda neoliberal del Ejecutivo. 

Así las cosas, amplios sectores de la población trabajadora sienten en la actualidad que están asistiendo al mayor retroceso político desde las conquistas sociales implementadas en la época de Getúlio Vargas y su Estado Novo, aplicándose en este momento de agudización de la crisis una doctrina de shock (práctica ideada por gurú neoliberal Milton Friedman) que conlleva también la puesta en marcha de la reforma previsional –la cual está en trámites en el Congreso- por la cual se pretende retrasar la edad de retiro laboral y reducir las pensiones de las y los trabajadores jubilados.

Los Estásimos

Estas reformas regresivas a punto de ser aprobadas en el ámbito laboral y del sistema de jubilaciones encontraron sus resistencias en el llamamiento a la huelga general convocado por las nueve centrales sindicales nacionales –incluida la oficialista Fuerza Sindical que apoyó el impeachment contra Dilma Rousseff-, reposicionándose en Brasil el protagonismo político perdido a escala global de la lucha sindical como resistencia a la implementación del neoliberalismo salvaje.

Así, el pasado 28 de abril Brasil asistió al primer gran paro general desde 1996, momento en que durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) las organizaciones sindicales salieron a las calles para protestar contra el desempleo y los bajos salarios, así como en reclamo de una política de asistencia social más amplia por parte del Estado y por una reforma agraria que nunca se llegó a ejecutar durante la posterior gestión del PT en sus distintos periodos presidenciales.

La posición de la Central Única de Trabajadores (CUT) ha sido fundamental durante esta jornada de lucha, pues con aproximadamente 4 millones de trabajadores afiliados representa el 30.4 por ciento del sindicalismo brasileño, siendo la principal central obrera del país. Sin embargo los demás sindicatos tampoco se quedaron atrás, muchos de ellos más por una cuestión de subsistencia que por sus anhelos en defender los intereses de la clase trabajadora a la que supuestamente representan, pues la reforma laboral pone en riesgo el llamado “impuesto sindical”. Hablamos de una contribución anual obligatoria equivalente a un día de salario que son deducidos del conjunto de los operarios brasileños, lo que viene a representar aproximadamente unos 1.000 millones de euros que son aplicados para financiar anualmente a las algo más de 11.000 organizaciones sindicales sectoriales/territoriales y unos 5.000 gremios patronales existentes en Brasil.

El seguimiento de dicha huelga ha sido amplio a pesar de que “caverna mediática” brasileña haya intentado quitarle relevancia a esta jornada de lucha, siendo referencial el hecho de que se vivió el paro más grande del sector transporte que se recuerda en la historia de Brasil. Unas 150 ciudades dispersas por todo el país registraron paralizaciones y protestas, quedando vacías las aulas de las escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, durante esta jornada de huelga. De igual manera, el comercio quedó cerrado en varias de las grandes urbes brasileñas, motivo por el cual muchas calles quedaron desiertas. El paro tuvo repercusión a su vez sobre gran parte del sector bancario, también sobre el sector correos, las grandes empresas siderúrgicas, el sector petrolero, los principales polos químicos y el sector automotriz, quedando paralizado igualmente el transporte de carga en los principales puertos del país.

Faltando un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, esta demostración de fuerza por parte de los sectores populares ha levantado amplia preocupación en los espacios conservadores del país. El éxito de esta huelga general demuestra que se ha recuperado cierta capacidad de movilización por parte de los sectores golpeados, complicándosele al gobierno su posibilidad de conseguir los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional necesaria para proceder con la reforma previsional. Muchos parlamentarios conservadores ahora hacen cálculos electorales midiendo el costo político que puedan ocasionarles en sus diferentes territorios la aprobación de dichas impopulares medidas.

En todo caso y más allá de las triunfantes declaraciones emitidas en estos días por la dirigencia sindical brasileña, lo cierto es la reacción del 28 de abril supera ampliamente lo que estrictamente tiene que ver con la capacidad movilizadora de las centrales obreras. Hablando claro, el sindicalismo combativo lleva décadas dormitando en Brasil debido a tres cuestiones fundamentales: a) la desindustrialización vivida durante estos últimos años redujo y dispersó a una población obrera básicamente masculina que, aunque todavía relevante, tan solo existió de forma significativa en Sao Paulo; b) con el aumento de la precarización del empleo y la flexibilización del mercado de trabajo, el sindicalismo brasileño ha sido incapaz de generar fórmulas alternativas de organización obrera que sean capaces de superar el viejo esquema de fábrica o centro de producción como ámbito de interrelación operaria; c) Inicialmente los gobiernos de Lula y posteriormente los de Dilma Rousseff acentuaron el control estatal sobre los sindicatos, utilizando para ello el ya referido “impuesto sindical” y otros fondos públicos, además de cooptar ha centenares de miembros de la burocracia sindical que pasaron a percibir altos salarios y comisiones por su participación en los directorios de empresas estatales y ex estatales (privatizadas), así como en los de los fondos de pensiones y en innumerables puestos ministeriales y comisiones creadas por el gobierno durante estos catorce años de ciclo petista en el poder.

Si bien es cierto que tras la jornada del 28 de abril existe la posibilidad de reorganizar el sindicalismo de base y de clase en Brasil, la experiencia vivida durante las últimas décadas no nos hace atisbar un horizonte muy optimista en ese sentido.

Pero más allá del escenario de luchas sociales, la huelga general se enmarca en el plano de las disputas políticas existente para alcanzar la futura presidencia de Brasil. Así, mientras Michel Temer saludaba la aprobación del anteproyecto de ley para la reforma laboral en el Congreso brasileño, donde 53 enmiendas presentadas por los diputados conservadores fueron en realidad diseñadas por los directivos de entidades patronales de la industria, bancos e infraestructura -según denunció el portal INtercept del periodista Glen Greenwald-; el pretendido próximo candidato presidencial petista, el ex presidente Lula da Silva, declaraba: “Le están echando la culpa del fracaso de la política económica al pueblo, yo puedo arreglar este país, incluyendo a los pobres dentro del presupuesto”. Una encuesta de Datafolha aparecida dos días después de la jornada de lucha sindical señalaba que Lula ganaría, con el 30 por ciento de votos, la primera vuelta de las presidenciales si estas se dieran en el día de hoy. Dicha encuesta señala también que sus rivales políticos quedarían atrás con más de 10 puntos de diferencia. Sin embargo, Lula debe enfrentar aun otros cinco juicios por corrupción que podrían dejarle inhabilitado para postularse a las próximas presidenciales, lo que atisba la posibilidad de que la derecha pueda presentar un outsider libre del desprestigio político generalizado con el fin de mantener la poltrona presidencial durante los próximos cuatro años.

El Éxodo

Más allá del rol desempeñado por las centrales sindicales y plataformas políticas afines al petismo, como son el Frente Brasil Popular o Frente “Pueblo sin Miedo”, esta huelga general ha permitido la acción participativa de organizaciones sociales no vinculadas a la izquierda convencional. Este es el caso del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), quien con casi ya veinte años de existencia se reinventó a partir de las movilizaciones de Junio de 2013, protagonizando en los días previos al paro general notables asambleas en barrios de la periferia de Sao Paulo para el impulso de dicha jornada de lucha; igualmente los profesores y estudiantes que el pasado año ocuparon escuelas en una movilización que fue conocida como “Primavera Secundarista”, y que en esta ocasión se enfrentaron a direcciones y asociaciones de padres conservadores adheriéndose masivamente en la huelga; también el movimiento negro se movilizó, articulando cortejos propios durante las marchas urbanas articuladas en la jornada de protesta; y como no señalar también a las múltiples agrupaciones que conforman el actual movimiento feminista brasileño, las cuales tras la jornada de huelga internacional del 8 de marzo, se involucraron fuertemente en este paro nacional.

Todas esas izquierdas, superadoras del paradigma del Partidao (el PT como partido de masas) que se estableción como una nueva referencia de la izquierda en Brasil a partir de la década de 1980, tuvieron un rol activo en la huelga general del 28 de abril. Si bien es cierto que son fuerzas minoritarias aun en la cartografía sociopolítica brasileña, también lo es que son los grupos sociales que junto a algunos partidos trotskistas (PSOL y PSTU) y la Rede Sustentabilidade de Marina Silva buscan escapar de una estratégica polarización política que tiene como objetivo, como si aquí no hubiera pasado nada, la rearticulación de una "renovada" hetemonía petista pos-impeachment.

Repensar la izquierda es un proceso necesario en Brasil tras el ciclo petista en el poder. El PT carece de renovación interna y está lejos de mostrar el más mínimo signo de arrepentimiento tras haber reprimido en junio del 2013 el grito brasileño más ensordecedor de los últimos tiempos contra el sistema; tras haber implementado a través de la Policía Militar un estado de excepción permanente en los territorios periféricos ocupados por la pobreza; tras haber formado parte –sin combatirla- del mismo círculo de corrupción endémica en torno al entramado institucional democrático representado por la Constitución de 1988; tras haber incomprendido la necesidad de diálogo con los contrapoderes activos que se construyen en toda sociedad de perfil democrático; tras haber sido incapaz de construir modelos alternativos al diseño neoliberal brasileño y haber evidenciado pactos con los sectores más lúgubres del capitalismo nacional e internacional, generando grandes beneficios a los que históricamente siempre ganaron en su disputa con los sectores históricamente explotados.

En base a lo anterior, hoy hay sectores de las izquierdas brasileñas que se niegan a participar en los términos actuales de disputa en el plano meramente electoral. Para muchas de estas izquierdas aun minoritarias pero con clara proyección en la reconstrucción de una nueva izquierda pos-petista, el eje de su intervención política ya no pasa ni por articular una alternativa presidencial cortoplacista para el 2018 ni por remodelar el viejo esquema institucional hoy malherido por una profunda crisis de legitimidad social. Sin negar las transformaciones sociales existentes en Brasil durante la gestión del poder por parte del PT, esta práctica gubernamental configurada bajo el “pacto lulista” es una experiencia válida para analizar los límites de un modelo progresista que fue incapaz de transformar al Estado, a la matriz de acumulación implementada por el neoliberalismo y sus lógicas inherentes de expoliación a los más pobres, así como la implementación de un patrón de nacional desarrollismo que permitió que la mitad del crecimiento quedase en manos del 5 por ciento más rico de la población.

Antes de llegar a acuerdos sobre la tan cacareada “unidad de las izquierdas” o el “pacto por la estabilidad democrática” bajo las consignas implementadas en la actualidad por los cuadros del PT, las izquierdas brasileñas deberían verse abocadas a discutir en primera estancia sobre que tipo de izquierda quieren ser y con qué modelo de organización han de articularse. Sin embargo, al igual que antaño el Partido Comunista Brasileño (PCB) acusaba de inconsecuentes por atentar contra el verdadero partido de clase a los dirigentes sindicales, intelectuales de izquierda y grupos de base ligados a la Teología de la Liberación que impulsaron la construcción del Partido de los Trabajadores a finales de la década de 1970, hoy son los dirigentes petistas –devenidos en la actual izquierda tradicional brasileña- quienes esbozan la misma crítica sobre quienes trabajan en la articulación de nuevos espacios de confluencia para las nuevas experiencias de resistencia configuradas a partir de las movilizaciones de Junio de 2013.

Así las cosas, queda por verse entonces cual será la letra del canto del coro que solía cerrar las viejas tragedias teatrales helénicas, las cuales solían conllevar una frase final que implicaba una significativa enseñanza para los espectadores que solían llenar los antiguos anfiteatros griegos.




martes, 25 de abril de 2017

Unas rápidas reflexiones sobre la evolución del mercado de trabajo en Ecuador

Por Decio Machado / Director Fundación ALDHEA

Lenín Moreno recibirá el próximo 24 de mayo un gobierno con incremento del desempleo y subempleo, un triste salario básico de U$D 375, el descenso de la recaudación tributaria y la inversión extranjera directa, el decrecimiento del producto interno bruto y una deuda pública que aumenta paulatinamente.

Entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4.3% impulsado por los altos precios del petróleo (ver Gráfico 1) e importantes flujos de financiamiento externo al sector público (fundamentalmente a través de la caja del IESS y transferencias desde el BCE).
            

Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En ese período, la pobreza disminuyó del 37.6% al 22.5% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0.54 a 0.47 (ver Gráfico 2) debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. 

Gráfico 2.


Sin embargo, estos logros comenzaron a deteriorarse fuertemente debido a los bajos precios del petróleo y la apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona costera del país el 16 en abril de 2016.

En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la necesidad de reducir la inversión pública y contener el aumento del gasto corriente, procediendo con una agresiva política de endeudamiento. De igual manera el gobierno se ha visto obligado a aplicar medidas temporales destinadas a aumentos los ingresos públicos no petroleros y restringir las importaciones. Estas políticas han permitido amortiguar temporalmente los efectos de los bajos precios del crudo, pero también han aumentado los pasivos públicos.

Y aunque la IED no es la solución a los problemas del país, es muy necesaria para el fomento del crecimiento, sobre todo en países que no cuentan de manera integral con la capacidad de generar grandes flujos de inversión interna (Ver Gráfico 3).


En ese contexto, Ecuador es uno de los países que menos IED recibe en relación al tamaño de su economía, con una participación de 1,3% del PIB en 2015 (ver Gráfico 4).


Concentrándose a su vez esta escasa inversión principalmente en la explotación de minas y canteras, lo cual tampoco produce gran cantidad de empleo (ver Gráfico 5).


Así las cosas, el crecimiento del PIB se deterioró notablemente en el año 2015 y pasó a ser negativo en el año 2016, manteniendo una estimación negativa por parte del FMI también para el presente año y el siguiente (ver Gráfico 6)


Con esta situación el peso de la deuda se ha ido incrementando paulatinamente sobre las arcas del Estado, llegándose a la condición de tener que adquirir nuevas deudas para cumplir con las obligaciones actualmente existentes (ver Gráfico 7).


Derivado lo anterior del incremento sostenido de la deuda externa (ver Gráfico 8) tanto pública como privada.


Lo que hace que esta se eleve por encima del techo del 40% sobre el PIB (ver Gráfico 9) constitucionalmente trazado.


Afrontándose a su vez la dramática situación de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador sean notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo (ver Gráfico 10). 


El gobierno pretendió en algún momento mejorar la redistribución, generar la estimulación del empleo, impulsar la producción de bienes y servicios articulando un cambio de conductas ecológicas, sociales y económicas. Para ello impulsó 22 reformas tributarias diferentes en estos últimos 10 años. También buscaron una mayor recaudación de tributos y, por ende, más ingresos a las arcas fiscales. Sin embargo y fruto de la contracción económica que vive el país, la recaudación de impuestos no se incrementa en el último año pese a la caída anterior (ver Gráfico 11), a la par que los ingresos derivados del comercio exterior cayeron 8% al cierre del pasado año fruto de la reducción del precio de los commodities. 


En este periodo complejo, Ecuador enfrenta el desafío de alcanzar los consensos políticos necesarios para adecuar su economía al nuevo contexto internacional, retomar una senda hacia el crecimiento sostenible con mayor participación del sector privado y proteger los avances sociales logrados durante la bonanza ahora en peligro. Será crítico mejorar la efectividad y progresividad de la política fiscal con el fin de lograr consolidar que proteja a la población más vulnerable con un equilibrio ahora inexistente. Cabe señalar al respecto que en el año 2006, momentos antes de la llegada de Rafael Correa al poder, la carga tributaria existente en Ecuador era del 9.1%, muy por debajo del 13.9% que suponía la media latinoamericana. En 2015 dicho indicador se situó en 15.4%, lo que significa apenas una décima más que el promedio regional. Sin embargo, dicha presión fiscal no recae sobre quienes más tienen debido a unas estructuras impositivas regresivas como son los impuestos al consumo, cierta tolerancia respecto a la evasión fiscal y un conjunto de políticas enfocadas a las excepciones fiscales para grandes capitales. En la actualidad, el pago de impuestos a la renta para los sectores más ricos del país no supera el 3% de sus ingresos (ver Gráfico 12), por debajo incluso de la ya de por si injusta media regional estimada en el 5.4%.


En un contexto en que la inversión pública no podrá continuar siendo motor del crecimiento, es indispensable una mejora sistemática en el clima de inversiones que promueva una mayor participación privada y agilice la movilidad del capital y del trabajo a actividades emergentes. En la situación actual se hace imposible proceder de otra manera para diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad, aunque Estado y unas tristes organizaciones sindicales fuertemente desestructuradas deben velar por que esto se haga sin que recaiga sobre los trabajadores el peso de la salida de la crisis.

El mercado laboral ecuatoriano

La falta de reformas estructurales hace que en esta última década el mercado de trabajo no se haya transformado sustancialmente, quedando el discurso del cambio de matriz productiva, el de gobierno de los trabajadores y los aspectos vinculados a la dignificación del empleo bastante en entredicho. Así, podemos apreciar como la estructura del empleo bruto, es decir, ignorando si el o la trabajadora tiene un empleo adecuado o no, carece de cambios sustanciales respecto a lo que sucedía 10 años atrás (ver Cuadro 1) y lo mismo sucede respecto al empleo adecuado (ver Cuadro 2).


Por otro lado, si hablamos de cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral podemos notar avances porcentuales en este sentido (ver Gráfico 13), si bien podrían considerarse escasos en relación al discurso estructurado al respecto desde el poder durante toda esta década.

Cabe señalar respecto a los salarios medios anteriores que el precio de la canasta básica se ubica actualmente en U$D 709.22, lo que la deja casi equiparada en estos momentos en relación con los ingresos familiares (ver Gráfico 14).



Pero el problema de fondo está en que, a pesar de que creció notablemente la tasa de participación bruta y global (porcentaje de la fuerza de trabajo de personas con más de 10 años respecto a la población total del país) (ver Gráfico 15 y 16), no sólo no hubo cambios en la estructura sectorial del mercado de trabajo ecuatoriano, sino que tampoco lo ha habido a la postre en las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en Ecuador (ver Gráfico 17).


 
Quizás por eso sorprende que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emitiese el pasado 18 de abril los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a marzo de este año, aseverando que el desempleo nacional muestra el descenso más importante de los últimos cinco años. Los datos manejados indican que el desempleo nacional pasó a 4,4% en marzo de 2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016. Esto significaría que casi 100.000 personas salieron del desempleo. 

Pero lo que se pretende ignorar es que el empleo adecuado está en su nivel más bajo desde que la información es comparable, mientras que el inadecuado en el más alto (ver Gráfico 17). Lo anterior implica que entre marzo del 2016 y el pasado marzo casi 380.000 personas pasaron a las filas del subempleo (trabajador que no recibe un salario básico ni trabaja 40 horas, aunque si tiene voluntad y disponibilidad para ello). 

La cosa básicamente se resume en que tan solo 4 de cada 10 trabajadores/as en el mercado laboral ecuatoriano tienen condiciones dignas, entendiendo por estas llegar o superar los U$D 375 mensuales de salario (este índice pasó del 17.1% al 21.4%), mientras otras casi 30.000 perdieron su empleo (ver Gráfico 18) manteniéndose las mujeres como sector más desfavorecido (ver Gráfico 19).



Para terminar y devenido de lo anterior, pasó a ser mayor -en el ejercicio comparativo entre marzo 2016 y marzo 2017- el número de personas integradas de alguna forma en el mercado laboral sin cobertura social (ver Gráfico 19) pese a que el sector formal creciera respecto al informal en lo que tiene que ver con el número de empleados (ver Gráfico 20). 

Lo anterior no viene a significar otra cosa que el mantenimiento del indicador de deterioro respecto al mundo del trabajo en Ecuador.