viernes, 19 de enero de 2018

Decio Machado: "Wikileaks no es una organización siniestra"

Durante su entrevista en Radio Pichincha Universal, el analista político Decio Machado se refirió a Wikileaks como una nueva forma de hacer periodismo y una plataforma importante para que la sociedad acceda a información que nunca antes podía tenerla.

Según Machado, en un mundo en constante evolución, donde las nuevas tecnologías se apoderan de quienes viven en él; la profesión periodística se enfrenta a un desafío sin precedentes. Sin embargo, “Wikileaks no es una organización siniestra, es un grupo de hacker activistas, que de alguna formar ha dotado a la sociedad desde el 2017 hasta acá de más de un millón de documentos clasificados  que demuestran cosas que son realmente graves de la política mundial” dijo.

Además aclaró que esta organización mediática internacional no son los únicos que realizan este tipo de trabajo, pero sí los más referenciales. Más aún cuando son liderados por uno de los personajes más conocidos en los últimos tiempos, Julian Assange.

“Tuvo estrategias muy interesantes. Quiero recordar que Wikileaks no solamente publicaba en su portal; sino que (…) distribuía su información estratégicamente a los periódicos más importantes del paneta porque eran informaciones comprobadas, antes de publicarlas la comprobaban” explicó el analista.

Assange también considerado el enemigo número uno en comunicación de los Estados Unidos y aunque no existe una petición formal de extradición, el Fiscal General de este país dijo públicamente que una de las prioridades fundamentales de EE.UU. es extraditar a Julian Assange por alta traición y develar secretos militares.


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lunes, 15 de enero de 2018

En defensa de un hacker activista

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Por Decio Machado
Para Revista Plan V

Desde que Winston Churchill acuñara en 1946 el término de “relación especial” para definir la vinculación entre su país y Estados Unidos, la cual se acentuaría durante la era de la Guerra Fría, el Reino Unido ha secundado todas y cada una de la barbaridades estadounidenses en política internacional. La última de ellas tuvo que ver con la participación de Tony Blair en la campaña de mentiras orquestada por el gobierno de George W. Bush respecto a la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, elemento “justificador” de la segunda invasión al Golfo Pérsico en 2003 y momento en el cual el inquilino de la Casa Blanca declararía ante el Congreso que su país no contaba con “un amigo más verdadero que Gran Bretaña”.

Incluso hoy, cuando el Reino Unido sigue su hoja de ruta para abandonar la Unión Europea, Theresa May –actual residente del 10 de Downing Street- encontró a su mejor aliado en Donald Trump, quien ha manifestado, pese a la actual política proteccionista, que los británicos estarán “los primeros en la fila” a la hora de mantener acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

Con base en lo anterior resulta pueril que los estrategas de la Cancillería del Ecuador, si es que los hay, hayan considerado en algún momento que el Foreing Office aceptaría el nombre de Julian Assange como miembro de su cuerpo diplomático en territorio de la “pérfida Albión”.

Pero chascarrillos aparte… ¿Cómo explicar que un Estado con la legitimidad del británico proceda con la destrucción de correos electrónicos relacionados con el caso Assange, información revelada por The Guardian el pasado mes de noviembre, violando las obligaciones de defender y salvaguardar la información para un debido proceso? ¿Cómo justificar que un gobierno con la trayectoria del británico ignore las conclusiones emitidas por un panel de Naciones Unidas en el que se indica que Julian Assange esta “detenido arbitrariamente”, entendiendo que su confinamiento en la embajada ecuatoriana en Londres equivale a una detención ilegal, y que debería permitírsele la llegada al país que le otorgó el estatus de asilado político? ¿Cómo entender también que las autoridades británicas mantengan esta orden de detención, ignorando que desde el pasado 19 de mayo la justicia sueca archivó el proceso en su contra? Pues bien, pese a que tanto las autoridades británicas como las estadounidenses se nieguen a garantizar que el activista australiano no vaya a ser extraditado a Estados Unidos para su posterior enjuiciamiento, ha sido tanto el fiscal general Jeff Sessions como el ex CIA John Kiriakou quienes nos han aportado las respuestas. 

Si bien Estados Unidos tiene dificultades legales para presentar cargos contra Assange dado que las revelaciones de Wikileaks han sido publicadas por los medios de comunicación más prestigiosos del planeta, lo que implicaría que estos también deberían ser procesados, su fiscal general Jeff Sessions –miembro del ala dura del Partido Republicano y tristemente conocido por sus comentarios racistas- ha manifestado públicamente que este arresto es una prioridad de la política estadounidense. De igual manera John Kiriakou, ex analista de la CIA y quien fuera el primero en revelar las técnicas de tortura aplicadas por el espionaje estadounidense en su guerra antiterrorista, indicó recientemente que Donald Trump ha intensificado la política de “mano dura” contra lo que consideran filtradores y denunciantes de la política exterior norteamericana. Según Kiriakou, el gobierno británico ha recibido “grandes presiones” por parte de Washington para que el activista, hoy confinado en Londres, sea arrestado y extraditado a Estados Unidos.
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 juicio"ssange"si estamos considerando traerlo a Estados Unidosaguardar la informaciaciones Unidas en el año 2016 por el cual

Así las cosas, la postura mantenida por Ecuador respecto a la protección otorgada a la referencia más importante del movimiento por la transparencia y la democracia global tiene un valor indiscutible, pese a que su origen devenga de la necesidad de legitimación de un régimen que con anterioridad fue denunciado por coartar la libertad de prensa.

Sin embargo, si algo caracteriza al conjunto de letras escritas y verborrea vertida durante estos últimos días por la mayoría conservadora de generadores de opinión en los distintos medios de comunicación ecuatorianos, es el desconocimiento y el cinismo respecto al caso Assange.

Desconocimiento respecto a lo que es un hacker y el rol de Assange en la conformación del nuevo periodismo en el presente siglo, así como cinismo respecto a las críticas vertidas por su naturalización y el fácil recurso del chovinismo barato.

En lo que respecto al primero de los casos, sería recomendable para estas excelencias del enjuiciamiento público la lectura del libro “La ética del hacker y el espíritu de la era de la información”, escrito por el finlandés Pekka Himanen, y publicado hace ya la friolera de diecisiete años.

El libro de Himanen, la biblia del hacker-activismo, es un texto exquisito e inspirador sobre la filosofía de los valores de los hackers, término aun confundido por estos grandes demiurgos de la ciencia infusa con el de crackers, es decir, quienes usan sus conocimientos informáticos para fines ilícitos.

Pero lo más grave de esto, es que son los medios de comunicación y sus periodistas quienes han dado espacio a estas ilustres voces de la erudición vulgatis, desconociendo que la industria de los medios se encuentra inmersa en una profunda y rápida mutación por la búsqueda de una nueva fórmula de relevancia.

Pues bien, si alguien le ha dado una nueva relevancia al periodismo en esta última década ese ha sido Julian Assange y su organización Wikileaks, demostrándonos que el periodismo puede ir mucho más allá que usar la tecnología sólo para hacer lo mismo de siempre pero en tiempo real. En resumidas cuentas, hackeando el periodismo.

En enero del 2007 Wikileaks comenzó a publicar sus primeros informes respecto a órdenes de asesinato contra oficiales somalíes, pero sería en abril del 2010 cuando publicaría un famoso video donde soldados estadounidenses disparan al reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más, algunas de ellas cuando iban a retirar a muertos y heridos. Dos meses más tarde, aparecerían 92.000 documentos denominados popularmente como los “Diarios de la Guerra de Afganistán”, donde se mostraban datos hasta entonces no revelados sobre víctimas civiles provocadas por soldados estadounidenses y otras tropas aliadas, así como las conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes. En octubre de ese mismo año, aparecerían los “Irak War Logs”, otros 391.831 informes filtrados desde El Pentágono donde se demuestra el uso sistemático de técnicas de tortura y el asesinato de 31 civiles de media diarios entre los años 2004 y 2009. Wikileaks cerraría ese año difundiendo los “Cablegate”, otros 251.187 documentos más donde queda demostrada la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de prácticamente todos los países del planeta. En febrero de 2012 aparecerían los “Global Intelligence Files leak”, donde se evidencian las espurias relaciones de la empresa privada de espionaje Stratfor y sus clientes; en marzo del 2016 aparecerían los correos electrónicos de Hillary Clinton con sus vinculaciones a grandes empresas –entre ellas Facebook-; para terminar desvelando, en marzo de 2017, los ilegales sistemas de intersección a usuarios de teléfonos, computadoras y televisoras utilizados por parte del espionaje norteamericano.

En resumen, Wikileaks ha publicado durante la última década más documentos clasificados que toda la prensa mundial junta, lo que a muchos nos hace pensar que el arbitrario proceso abierto en contra de Assange, por parte de la fiscalía sueca, bien podría ser una artimaña articulada desde alguna agencia de espionaje internacional con el fin de silenciarle.

No puedo terminar sin hacer referencia a las críticas realizadas a la otorgación de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Sorprende que se ponga el grito en el cielo exigiendo méritos al hacker australiano, pero no se hagan respecto a las naturalizaciones que de forma habitual suceden en el futbol ecuatoriano. Voy a poner tan solo un caso: ¿qué ex diplomático de gobiernos conservadores del pasado consideró una ofensa la nacionalización de Damián (Kitu) Díaz -quien posteriormente fue sancionado por insultos racistas a un arbitro negro- bajo el pretexto de ser un ejemplo para los niños?

En todo caso y más allá de los errores de la Cancillería ecuatoriana, resulta muy triste ver como el periodismo y los analistas ecuatorianos no comprenden el significado y los méritos de un site como Wikileaks. Este, a través de un sistema modificado del software de MediaWiki y una serie de herramientas añadidas (OpenSSL, Freene, Tor y PGP) autoriza a cualquiera a subir anónimamente información que posteriormente es examinada, decidiéndose cuales gozan de los parámetros de veracidad necesarios para ser publicados, lo cual conforma un ejemplo sumamente peligroso de periodismo de investigación para Estados, poderes fácticos y económicos.

viernes, 5 de enero de 2018

La corrupción, por las nubes


Por Decio Machado
Revista La Brecha


El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.

Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del desempleo.

El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones, lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del antiguo gobierno, impuesto por el ex presidente Rafael Correa como número dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está obligado a devolver –junto a sus cómplices– 33,4 millones de dólares como afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.

Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava Jato.

Lo anterior propiciará que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno, proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.

La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.

Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador. Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa –algunos de ellos fugados–, su ex contralor general –también escondido en Miami– y altos funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última década.

El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.

 

 POR QUÉ.


Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha corrupción saliera a la luz.

El primer error es constitucional, pues la actual carta magna –aprobada en setiembre de 2008–,que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia, conformando a través de la nueva estructura de un “supuesto” Estado moderno un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre otros.

Sin embargo, este llamado “quinto poder” se construye a partir de una Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser representante de la sociedad civil.

El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno. De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de servicio de contratación pública” que teóricamente pretendía transparentar esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del “régimen especial”, lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios y consultorías –incluso con empresas extranjeras– sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.

En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.

Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa, reconoció la falta de respuesta por “falta de registros” de la institución que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un seguimiento en “tiempo real” que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos. Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas judicialmente en el país.





martes, 12 de diciembre de 2017

Correísmo, consulta y posconsulta

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Por Decio Machado
Publicado en Revista PlanV

Los analistas políticos y generadores de opinión, uno tras otro, repiten hasta la saciedad en este medio y en otros que Rafael Correa políticamente es ya un cadáver.

En estos análisis se ignora uno de los principios básicos desarrollados por el general Sun Tzu en su Arte de la Guerra: “Fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso”.

Si bien es cierto que, guiado por su troupe de incondicionales, llegó incluso a causar cierta pena ver el deambular errático de Rafael Correa durante sus diez días de estancia en Ecuador, también lo es aquel dicho de Albert Camus por el cual se indica que “para la mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad”.

Bueno, pues guerra es lo que hay al interior de Alianza PAIS y enmarcada en ella están las resoluciones aprobadas por la triste, fraccional e ilegal VII Convención Nacional del partido verdeflex en Esmeraldas. Una de ellas, quizás la más importante, indica que de no obtenerse una decisión satisfactoria por parte del Tribunal Contencioso Electoral respecto al control de la organización, el correísmo llamará a la desafiliación masiva de sus huestes y conformará un nuevo partido llamado Partido de la Revolución Ciudadana.

Al igual que Sófocles, uno de los tres grandes trágicos atenienses, el correísmo desarrolla la técnica teatral de la “ironía trágica”, efecto que se consigue cuando los espectadores ya saben lo que va a ocurrir pero los personajes de la obra no.

Una Alianza PAIS mutilada sin la presencia de Lenín Moreno o un nuevo partido encabezado por parte de las personalidades políticas que mayor rechazo generan en nuestra sociedad tiene sin duda corto vuelo en el corto plazo. Dicho esto también cabe indicar que la memoria histórica es frágil, basta ver como el Partido de los Trabajadores corrompido por sus convivencias con el gran capital todavía posiciona a Lula da Silva como principal candidato a las presidenciales del 2018 en Brasil, lo cual permite a la facción correista jugar a ocupar a futuro el principal espacio de la izquierda en el tablero político ecuatoriano. Cabe señalar al respecto que el reto no es muy complejo, dado el estado de salud en que se encuentra eso que políticamente se autodenomina como la “izquierda” nacional.

Esta es la parte que los generadores de opinión y enterradores políticos del correísmo, intencionadamente o no, ignoran en sus análisis. Rafael Correa, tal y como lo hace Álvaro Uribe en Colombia, no necesita ser candidato presidencial para incidir en la política nacional. El ejemplo colombiano es claro respecto a como un ex mandatario, conformando un nuevo partido político y con claras desavenencias respecto a un sucesor al que también cataloga como traidor, tuvo la capacidad de disputarle la presidencia a Juan Manuel Santos mediante un testaferro tal y como lo hizo con Óscar Iván Zuluaga en 2014, ganando la primera vuelta o incluso siendo el principal valedor de la derrota gubernamental en el plebiscito por la paz en 2016. Dicha operación volverá a ser reproducida en breve por el uribismo mediante la figura de Iván Duque, un ex ministro del gobierno de Belisario Betancour que llegó al Senado colombiano de la mano de Uribe y que se postulará para las próximas elecciones presidenciales en mayo del 2018.

Pero volviendo a la política nacional y rememorando a Nietzsche, “la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”. Sobre lo del vencido poco que añadir a lo ya referenciado por el filósofo sajón, sin embargo respecto a lo que concierne al Gobierno Nacional el reto actual implica tener la capacidad escuchar a la sociedad y visualizar correctamente el entorno, algo sobre lo que el equipo presidencial genera cada vez más dudas.

Es un hecho que cada vez más sectores de la población no siente que la situación económica del país esté mejorando. También lo es que tras diez años de propagandísticas y egocéntricas lecciones sabatinas de economía, existen amplios targets de la sociedad que tienen serías dudas respecto a que este Gobierno esté preparado para afrontar la actual crisis económica, la cual tras ser expuesta por el presidente de la República vuelve a ser recientemente negada por ministro de Finanzas. Por último, parece que cada vez más variables apuntan a que quienes les brindan encuestas al Gobierno Nacional podrían estar exagerando sustancialmente los indicadores positivos que la sociedad ecuatoriana tiene respecto al actual presidente de la República.

Hay una condición peor que la ceguera, y es ver algo que no es. Pues bien, va siendo hora ya que el Gobierno Nacional vea que para gran parte de la población se acabó ya el plazo para diálogos y reconciliaciones, es decir, se acabo la capacidad de seducir tan sólo con el discurso. Es por ello que se le comienza a exigir al presidente Lenín Moreno que se muestre decidido y enrumbe al país por una vía que permita la superación de lacras derivadas del pasado inmediato.

Con un gobierno que comete cada vez mayores errores de bulto y con ello comienza a mostrar notables signos de debilidad, basta como ejemplos últimos visualizar el traspiés en la Asamblea Nacional con la Ley Económica Urgente o la grabación ilegalmente realizada al ex secretario general de la Presidencia, parece evidente que el escenario político cambiará sustancialmente tras la consulta popular.

El período que queda hasta el 4 de febrero debería ser estratégicamente utilizado por el Ejecutivo para consolidar su propuesta de modelo de país y comenzar a posicionar logros en su gestión que la gente realmente sienta como concreciones. Ahí se requiere, a parte de capacidad ejecutiva, una política comunicacional que vaya más allá de spots publicitarios como los recientemente inaugurados, los cuales por cierto recuerdan al modelo de propaganda del régimen anterior.

Respecto a la consulta popular y dada la coyuntura política actual, es improbable que el correísmo tenga como objetivo el triunfo del No, sino más bien acumular como capital político toda oposición resultante a esta iniciativa gubernamental. Todo el voto No será correista, mientras la victoria del Sí buscará ser capitalizada por una amplia amalgama de actores de las más variopintas tendencias políticas. Aquí el correísmo juega con un factor que a la postre le beneficia: todos los aliados coyunturales que propugnan el Sí son los mismos a los que Rafael Correa derrotó de forma permanente durante los diez años de su mandato.

Así las cosas, sería de analizarse por parte del Ejecutivo si las estrategias empleadas hasta el momento para la victoria del Sí son las más apropiadas para ganar de forma rotunda dicha consulta popular. Quizás el protagonismo en esta campaña electoral no debería estar en los amigos o aliados que suben al balcón presidencial, sino en una sociedad que está asqueada de la lucha del poder por el poder, de la corrupción institucionaliza y de cómo se regeneran unas castas políticas que se caracterizan por la incapacidad de plantear nada nuevo para este hermoso país.

Pasado el 4 de febrero y previendo un resultado positivo –más allá de las diferencias porcentuales- en las siete preguntas de la consulta popular, es de esperar que la situación política en el país cambie radicalmente. Pensar que se mantendrá el idilio actualmente existente entre el Gobierno, los sectores empresariales, los medios de comunicación privados y la oposición política conservadora es creer en una ficción.

Todo indica que el año 2018 será complejo para el presidente Lenín Moreno. El Gobierno Nacional, tras la consulta popular, se verá aún más presionado por los sectores empresariales en aras a posicionar políticas acordes a sus intereses, así como por la reconfiguración estratégica tanto de los sectores políticos conservadores de oposición como por la nueva reestructuración del correísmo con base en su fuerza residual.

Que este gobierno entienda el momento en el que se encuentra significa posicionar propuestas que respondan a la emergencia político y social que vive el país. Ir a las cuestiones centrales significa superar las lógicas derivadas de la legislatura anterior, donde el posicionamiento de una nueva burocracia política con afanes de emergente clase social terminó opacando cualquier proyecto alternativo de nación.

Si de verdad se quiere conformar una nueva mayoría que sustente a un gobierno que dice tener una lógica progresista, más allá de los diálogos y el consenso con los actores sociales -muchos de ellos carentes ya de legitimación social- se debe abrir la política, desde el concepto más amplio de su término, a los sectores que viven la crisis de legitimidad del sistema. De lo contrario se llegará a la  manera más rápida finalizar una guerra, es decir, perderla.



martes, 5 de diciembre de 2017

Ecuador: entre el leninismo y el correísmo

Decio Machado, quien supo integrar el equipo de gobierno de Rafael Correa en los inicios de su gestión, nos explica el contexto en que éste vuelve al país enfrentando a su sucesor Lenín Moreno

Canal Abierto / Buenos Aires (Argentina)

Decio Machado es un periodista español, miembro del equipo fundador del periódico Diagonal, un medio anticapitalista surgido hacia el 2003 desde los activistas de la comunicación y los movimientos sociales de izquierda en Madrid. Es Consultor internacional en Políticas Públicas y como tal formó parte del primer equipo de trabajo de Rafael Correa en su llegada al palacio de Carondelet, del que luego se alejó. Hace años se encuentra radicado en Quito.


En esta entrevista con Canal Abierto analiza la situación política en Ecuador, que se tensiona no al calor de los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición sino por las disputas dentro del sector gobernante. Es que a poco de ganar las elecciones en segunda vuelta Lenín Moreno del partido Alianza País, y heredar el poder de su antecesor y copartidario Rafael Correa -quien ocupara el cargo desde el 2007-, las pujas en el interior del frente gobernante escalaron rápidamente. “El enfrentamiento nace entre dos facciones diferentes del partido oficialista, una vinculada al ex mandatario Rafael Correa y otra vinculada al actual presidente constitucional del Ecuador, Lenín Moreno. Esta disputa nace desde el mismo día de la asunción presidencial de Moreno y se traduce en tres ejes básicos”.

En primer término, Machado indica que “el gobierno actual hace una reflexión crítica sobre algunos aspectos de la política del correísmo, fundamentalmente en el tema económico. La deuda pública adquirida por el Ecuador en este momento es, porcentualmente sobre el PBI, superior a la que heredó Correa de los gobiernos neoliberales. Es decir, desde que cayeron los precios de los commodities y la economía nacional se vio fuertemente golpeada por esta dependencia del mercado de recursos naturales internacional, el Ecuador inició -durante la gestión de Correa- una agresiva política de endeudamiento público (interno y externo) que lleva a que ahora haya dificultades serias para atender las obligaciones de pago”.
“El servicio de deuda hoy en Ecuador es superior al gasto que el gobierno realiza en materia de educación y salud. Estamos en la misma situación en que nos dejó el neoliberalismo”
Como consecuencia de esta problemática heredada, el periodista radicado en Quito afirma: “Esto conlleva a un conflicto entre el gobierno actual, que desenmascara esto, y el anterior, que presume de haber hecho una política económica referencial a nivel planetario”.

“Por otro lado, el gobierno actual plantea una fuerte lucha contra la corrupción, conscientes de que se ha enraizado una lógica de corrupción institucional tremendamente fuerte, el gobierno planteó una actitud de neutralidad frente a las investigaciones que se están haciendo desde el Poder Judicial. Esto significó una reacción iracunda de Correa, que acusó de traición a Lenín Moreno por dejarse presionar por lo que él llama `los medios de comunicación al servicio de la derecha´”. Lo cierto es que dichas investigaciones judiciales llevaron a la cárcel al actual vice-presidente, Jorge Glas, y también vice de la gestión anterior, además de hombre de confianza de Correa. El propio ex presidente a traviesa una situación judicial compleja: “en breve puede llegar a recibir una sentencia de entre uno y tres años y la apertura de más causas en su contra”.

Por último, aunque no menor, está la disputa en torno al liderazgo en el partido de gobierno. “Si bien Correa dejó de ser el presidente de Alianza País para ser presidente honorario, quien encabeza el partido es Lenín Moreno. Un sector de la fuerza vinculado a Correa intentó destituir a Moreno de la presidencia del partido oficialista, algo que llevó a una disputa en el Tribunal de Garantías Electorales, que en este momento está pendiente de dictaminar”, explica Machado.

“Mientras tanto Rafael Correa convocó a una convención nacional que está deslegitimada, desde la legalidad política e institucional. La reunión del día 2 de diciembre en Esmeraldas (capital de la provincia homónima, en el extremo noroeste del país, lindera con Colombia) es un congreso del partido oficialista a la que solamente asistirán los seguidores de Correa, lo cual le quitará legitimidad política. En este sentido está marcada la confrontación que se vive entre el ex presidente Rafael Correa y el actual presidente mandatario”, analiza el miembro del equipo fundador del periódico Diagonal.

La consulta popular

Rafael Correa regresó a Ecuador el pasado 24 de noviembre. Su retorno anticipado a Guayaquil conmocionó la realidad del pequeño país: En el aeropuerto se generaron enfrentamientos entre sus partidarios y detractores. Tras dejar el cargo en mayo de este año, el ex Presidente fijó su residencia en Bélgica, pero ha decidido volver para, según sus palabras, “reorientar el rumbo del partido y rescatarlo de la traición de su sucesor”. El hecho que colmó el vaso fue la convocatoria por parte de Moreno a una consulta popular que podría truncar la intención de Correa de volver al poder.



Los puntos del referendum y la consulta popular
En relación a la consulta popular, Machado profundiza: “lleva siete preguntas, de las cuales dos son estratégicamente fundamentales. Una tiene que ver con la reelección indefinida y otra tiene que ver con la institucionalidad del Estado”

En diciembre del 2015, el presidente Correa -ya de retirada- planteó una reforma constitucional con el fin de poder volver a presentarse en las elecciones del 2021. Originalmente, la Carta Magna indica que se podrá elegir una autoridad política tan soló una vez en su cargo. Esto significaba que Correa, elegido como presidente de la República en dos ocasiones, se encontraba impedido de presentarse nuevamente para el cargo de presidente de la República. “Este punto fue modificado gracias a la mayoría que en ese momento tenía la bancada del partido oficialista en la Asamblea Nacional, y se procedió con una reforma constitucional que permitía al ex-presidente presentarse en las próximas elecciones del 2021”.

En esta consulta, la segunda pregunta retrocede a la situación anterior a esta enmienda constitucional y plantea volver al texto original de la Constitución, lo que eliminaría la posibilidad de que Correa pueda ser partícipe en las elecciones 2021.

“Esto ha significado un conflicto muy fuerte porque es evidente la intención del ex-mandatario devolver a presentarse en el 2021 con la finalidad, de alguna forma, de tapar los diferentes frentes que se han abierto durante estos seis o siete meses que dejó el poder”, afirma Machado, y agrega: “Concreta y fundamentalmente, los casos de corrupción institucional que afectan al entorno más cercano, empezando por su amigo compañero de fórmula e incluso actual vicepresidente Jorge Glas, quien está detenido en un penal desde hace aproximadamente mes y medio o dos”.

Otro elemento de la consulta popular fundamental es el vinculado a lo que en la Constitución del Ecuador se configuró como el quinto poder: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Básicamente, este organismo pretendía ser una representación de la sociedad civil, eligiendo las autoridades de control de las diferentes instituciones del Estado que se pretendía fueran autónomas del Ejecutivo, por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. “Es decir, organismos de control de la democracia, del buen funcionamiento del sistema democrático. Pero estos cargos en el Consejo de Participación y los cargos elegidos por el Consejo fueron ocupados con miembros del partido oficialista, es decir no fue un espacio de expresión de la sociedad civil sino que fue una maraña de funcionarios vinculados al partido de gobierno, al partido presidido por Correa. Esta situación sigue. Las instituciones públicas de Ecuador siguen vinculadas al ex mandatario de la República. Esto significa que la independencia de un organismo de control de la democracia como el Consejo Nacional Electoral está comprometida.
Esta tercera pregunta lo que plantea es reformular el concepto del Consejo de Participación Ciudadana y al mismo tiempo auditar en sus funciones a cada uno de los cargos nombrados desde el Consejo de Participación Ciudadana lo que permitiría evaluar a estos funcionarios y en el caso de que la evolución sea negativa cesarlo en sus funciones. Esto significaría que el correísmo perdería todo ese poder que aún sostiene digamos en la institucionalidad funcionarial y evidentemente esto significaría la desaparición de cualquier posibilidad de incidencia dentro de las instituciones públicas.
Esto evidentemente también ha conllevado un nivel de enfrentamiento muy fuerte donde Correa plantea no solamente un no a estas dos preguntas sino no a las siete preguntas lo cual es una barbaridad porque las demás preguntas están vinculadas a temas que son claramente apoyados por la sociedad.

Convulsión en el oficialismopositor

El presidente Correa volvió la semana pasada al país y se vuelve a marchar el día 4 de diciembre, inmediatamente después del Congreso de Esmeraldas. Su aparición animó y convulsionó la política ecuatoriana.



Correa en la convención de Esmeraldas denunció que de aprobarse el punto 2 de la Consulta “¡¡Se acabó la división de funciones!! ¡Tendremos un absolutismo!“.
Mientras, el país está obligado a renegociar las obligaciones de deuda externa contraídas durante los últimos años de gestión correísta porque hay una imposibilidad de poder pagar esto. Existen algunos informes de instituciones financieras internacionales que hablan del riesgo de default.

Machado evalua que: “Evidentemente el Gobierno Nacional está intentando reanimar la economía ecuatoriana que está en parálisis o en semi parálisis desde el año 2013. Los dos últimos años de gestión correísta conllevaron cifras negativas en la economía: el penúltimo año de gestión no se creció más del 0,1 – 0,2 por ciento del PBI; y el último año de la gestión Correa cerró con un indicador negativo de menos 1,5 por ciento. Es decir Correa dejó el país en recesión.”

“Curiosamente, lo sorprendente del caso ecuatoriano es que el partido de gobierno Alianza País es al mismo tiempo el partido de gobierno y el principal partido de oposición. El resto de la oposición política sea conservadora o grupos más escorados a la izquierda que Alianza País, han desaparecido del mapa político ecuatoriano con lo cual digamos toda la lógica política del Ecuador se sostiene sobre el conflicto interno de Alianza País.

En esta curiosidad propia del Ecuador, es difícil encontrar una situación de estas características en otro país, me atrevería a decir que se cierra el círculo de la coyuntura política actual.“

 

jueves, 23 de noviembre de 2017

Entrincheirados: intrigas políticas no partido do governo do Equador

A guerra de posições, também conhecida como guerra de trincheiras, foi utilizada como tática militar na guerra de secessão dos Estados Unidos e na guerra russo-japonesa, mas adquiriu seu protagonismo mundial a partir do fracasso da ofensiva relâmpago iniciada na Europa pelos alemães em 1914. A estratégia militar de frentes estáveis imobilizou durante anos os exércitos em linhas de trincheiras. Este novo cenário bélico propiciou uma guerra de desgaste, produziu um elevadíssimo número de baixas e arruinou o moral dos soldados que se viam obrigados a lutar durante anos em penosas condições.

Nas passagens mais lendárias dos seus Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci refletiria sobre estas estratégias de guerra, posição e manobra – defendendo esta última como o assalto -, entendendo o Estado como apenas uma trincheira mais avançada do conjunto de fortificações dos setores populares em sua luta pela hegemonia. Gramsci teve de reler Maquiavel para entender que a hegemonia é a capacidade orgânica dos setores dominantes em convencer as maiorias sociais a aceitarem os relatos que justificam e explicam a ordem política.
Por Decio Machado
Correio da Cidadania
A guerra de posições, a disputa pela hegemonia e parte do pensamento estratégico de Gramsci em relação ao funcionamento do poder e o Estado moderno voltaram a tomar atualidade na disputa política existente no Equador.

No final deste mês de outubro, as facções “hard” dos seguidores do ex-presidente Rafael Correa dentro do partido governista, Alianza País – que controla parte importante da direção nacional do mesmo partido – determinou unilateralmente e de forma não regimental a retirada do atual presidente do Equador, Lenin Moreno, da presidência de sua agrupação política e posicionar em seu lugar Ricardo Patiño (que exercia como segundo vice-presidente do partido; já que o primeiro vice-presidente está preso, investigado por corrupção). O objetivo era que se fortalecessem nas trincheiras do aparelho do partido oficialista, com o fim de criar obstáculos às reformas empreendidas pelo atual mandatário e sua equipe de ministros.
A guerra de posições, também conhecida como guerra de trincheiras, foi utilizada como tática militar na guerra de secessão dos Estados Unidos e na guerra russo-japonesa, mas adquiriu seu protagonismo mundial a partir do fracasso da ofensiva relâmpago iniciada na Europa pelos alemães em 1914. A estratégia militar de frentes estáveis imobilizou durante anos os exércitos em linhas de trincheiras. Este novo cenário bélico propiciou uma guerra de desgaste, produziu um elevadíssimo número de baixas e arruinou o moral dos soldados que se viam obrigados a lutar durante anos em penosas condições.

Nas passagens mais lendárias dos seus Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci refletiria sobre estas estratégias de guerra, posição e manobra – defendendo esta última como o assalto -, entendendo o Estado como apenas uma trincheira mais avançada do conjunto de fortificações dos setores populares em sua luta pela hegemonia. Gramsci teve de reler Maquiavel para entender que a hegemonia é a capacidade orgânica dos setores dominantes em convencer as maiorias sociais a aceitarem os relatos que justificam e explicam a ordem política.

A guerra de posições, a disputa pela hegemonia e parte do pensamento estratégico de Gramsci em relação ao funcionamento do poder e o Estado moderno voltaram a tomar atualidade na disputa política existente no Equador.

No final deste mês de outubro, as facções “hard” dos seguidores do ex-presidente Rafael Correa dentro do partido governista, Alianza País – que controla parte importante da direção nacional do mesmo partido – determinou unilateralmente e de forma não regimental a retirada do atual presidente do Equador, Lenin Moreno, da presidência de sua agrupação política e posicionar em seu lugar Ricardo Patiño (que exercia como segundo vice-presidente do partido; já que o primeiro vice-presidente está preso, investigado por corrupção). O objetivo era que se fortalecessem nas trincheiras do aparelho do partido oficialista, com o fim de criar obstáculos às reformas empreendidas pelo atual mandatário e sua equipe de ministros.

Contudo, apenas umas horas depois, vários membros do gabinete presidencial e da burocracia da Alianza País rechaçariam publicamente tal decisão, definindo-a como arbitrária e antidemocrática. Diante da confusão generalizada da militância, simpatizantes e redes clientelistas do partido político hegemônico no Equador, o Tribunal de Garantias Penais deixou – de forma imediata – sem efeito a decisão adotada pela direção nacional do partido, proibindo o Conselho Nacional Eleitoral de inscrever o ex-ministro correísta Ricardo Patiño como novo presidente da Alianza País.

Origens da intentona

O enfrentamento entre correístas e morenistas dentro do partido governista tem sua origem praticamente no mesmo dia da posse do atual presidente, Lenin Moreno.

Isso apesar do fato de que Lenin Moreno foi parte do binômio presidencial de Rafael Correa nas eleições de 2006 e de 2009, exercendo durante ambas legislaturas como vice-presidente da República. Na atualidade, o ex-mandatário equatoriano é o principal opositor do seu governo. Na guerra de trincheiras dentro da Alianza País e nas distintas frentes institucionais, enquanto os partidários de Moreno traçaram uma política de reformas que levam consigo uma narrativa autocrítica a respeito de determinadas políticas públicas aplicadas durante a gestão anterior e a abertura de processos de investigação sobre distintos casos de corrupção institucional, os correístas tentam derrubar a figura do presidente posicionando-o como um traidor que se aliou com a direita.

Nesta disputa que vem ocorrendo nos pouco mais de seis meses de mandato de Moreno, o correísmo – ao menos até agora – aparece como claro perdedor. Enquanto o atual mandatário ostenta elevados índices de popularidade, a figura de Rafael Correa – que deixou uma economia nacional em recessão – acabou seriamente deteriorada, enquanto são destapados cada vez mais casos de corrupção entre os seus colaboradores mais próximos.

O último movimento tático do presidente Moreno foi convocar uma consulta popular sobre as sete propostas, entre as quais se destacam a anulação da emenda constitucional – realizada na última etapa correista – que permite a reeleição indefinida do presidente da República, buscando impossibilitar que Rafael Correa seja candidato presidencial nas próximas eleições; e a reestruturação do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social – organismo estatal composto por personalidades ligadas ao ex-presidente – abrindo a possibilidade de avaliar o desempenho das autoridades em organismos de controle do Estado, e cessá-las.

Se aprovadas essas reformas – e todas as sondagens de opinião pública até o momento assim o indicam – o correísmo sofrerá um esvaziamento completo de poder e se anularia qualquer possibilidade futura de uma rearticulação política desta tendência.

E o movimento dos setores correístas dentro da sua organização política, buscando a destituição e posterior expulsão de Lenin Moreno do partido, deve-se justamente à iniciativa do atual governo de levar a cabo tais reformas. Em paralelo, esta fração política está pressionando a Corte Constitucional – cuja composição vem do período anterior e tem afinidade com Correa –, a fim de fazer que tais questões não sejam viabilizadas. De igual maneira, os correístas na bancada oficialista buscam bloquear as iniciativas políticas provenientes do Executivo e o juízo político contra o encarcerado vice-presidente Jorge Glas.

Jogo de estratégias

Sem força política e apoiado somente por um setor de voto duro identificado com seus postulados, o qual se estima entre 20% e 23% do eleitorado, o correísmo é consciente de que o tempo joga contra.

O desenho estratégico do correísmo para tentar destituir Moreno consistia em gerar uma crise política dentro do partido Alianza País que desembocasse em uma convenção nacional extraordinária, a qual, com Rafael Correa à cabeça, permitisse recobrar as rendas do partido e sua hegemonia perdida na política nacional. Contudo, este movimento político criado apenas seis meses antes da sua primeira vitória eleitoral em 2006, e sem bases políticas naquele momento, se construiu verticalmente à sombra do poder, com quadros e caciques políticos de perfil arrivista e fortemente enraizado na tradicional política clientelista equatoriana, elementos que deixaram de ser funcionais ao correísmo uma vez que o ex-mandatário abandonou a poltrona presidencial.

Os resultados deste último pulso político foram devastadores para Rafael Correa: os morenistas anunciaram publicamente que 44 dos 75 congressistas que conformam a bancada oficialista na Assembleia Nacional se alinharam a Lenin Moreno, o que veio a significar que Correa perdeu o controle do Legislativo, enquanto que a maioria das direções provinciais do partido manifestaram rejeição à resolução da direção nacional e seu apoio a Lenin Moreno.

Pese tudo isto, Ricardo Patiño, principal operador político de Correa no país enquanto este segue residindo em Bruxelas, anunciou a pronta chegada do ex-mandatário a terras equatorianas, prevendo que os principais dirigentes correístas que participaram nesta movida podiam ser expulsos pela Comissão de Ética e Disciplina do Alianza País.

Se Rafael Correa volta nos próximos dias ao Equador possivelmente não será para reestabelecer sua liderança no partido que fundou – já que as trincheiras do correísmo no partido e em diferentes instituições têm ficado sumamente debilitadas – senão para liderar a conformação de uma nova organização política buscando confrontar politicamente com o atual governo e opondo-se à consulta popular.

Risco de desgaste

O presidente Moreno soube rentabilizar seu distanciamento de Correa, propondo a necessidade do diálogo e do consenso em uma sociedade que havia ficado fortemente polarizada, e levando a bandeira da luta contra a corrupção. Não obstante, a capacidade de execução política do governo foi limitada: ainda que não se saiba qual seja o caminhar desta legislatura. E ao se tratar de um presidente cuja popularidade se baseia unicamente no discurso, isto começa a gerar certas desconfianças na sociedade.

Por sua parte, tanto Rafael Correa como seus operadores no governo e na Alianza País buscam articular sua estratégia em torno do medo cidadão de uma possível volta do Equador ao passado, algo já utilizado em campanhas eleitorais, uma após a outra, durante a última década.

Trata-se de um argumento pouco consistente se levado em consideração que atualmente no Equador a oposição política a Alianza País não existe. Faz tempo que esta ficou sem espaço no tabuleiro da política nacional. De igual maneira, os movimentos sociais em geral, e indígenas em particular, também ficaram sem voz. Após dez anos de perseguições e criminalização do protesto social, estes movimentos se encontram atualmente imersos em negociações com um governo que ao menos se dispõe a escutá-los.

Assim, o panorama político para o médio prazo no Equador aponta como desolador. Enquanto a Alianza País se autodestrói, nem a oposição conservadora e nem a esquerda tradicional são capazes de posicionar alternativas com certa legitimidade social. A sua vez, o eleitorado é incapaz de distinguir entre as categorias políticas tradicionais de esquerda e de direita, pois logo de uma década de um discurso institucional revolucionário, adornado com velhas canções reivindicativas e alusões a múltiplos mitos revolucionários, resultou que os grupos economicamente mais beneficiados pelo regime foram os de sempre, enquanto a sociedade seguiu muito desequilibrada a favor dos historicamente privilegiados. Assim, denota-se um desinteresse crescente pela política tradicional em setores cada vez mais amplos da sociedade, nos quais a política não é mais discutida em termos de esquerdas e direitas.

Por outra parte, a incapacidade de renovação das lideranças históricas dos movimentos sociais equatorianos segue minando a possibilidade de novas formas de intervenção, a articulação de um discurso diferente e o reposicionamento do não institucional no âmbito da política, ficando esta última limitada às lutas de poder entre e dentro da estrutura partidária, que são disputadas sob o controle de instituições que não foram feitas para transformar a sociedade, senão para resistir às mudanças que a realidade demanda.

Não circulam novas ideias na política equatoriana, e não está sendo alimentada intelectualmente uma sociedade que busca, sem encontrar, estilos diferentes de exercer e atuar na política.

Com tais condições é fácil prever que, diante da ausência de alternativas com alguma credibilidade, se o atual governo não é capaz de concretizar políticas exitosas que dinamizem a economia nacional, gerem emprego digno e revitalizem a capacidade aquisitiva da grande maioria, o Equador estará imerso durante a atual gestão em uma nova crise de representatividade.

Leia também:

Lenín Moreno versus Rafael Correa: a nova disputa de poder no Equador

Vitória do correísmo não fará Equador escapar da regressiva dinâmica continental


Decio Machado é sociólogo e consultor político residente no Equador
Artigo publicado em espanhol no semanário Brecha, do Uruguai.
Traduzido por Raphael Sanz, para o Correio da Cidadania.
A guerra de posições, também conhecida como guerra de trincheiras, foi utilizada como tática militar na guerra de secessão dos Estados Unidos e na guerra russo-japonesa, mas adquiriu seu protagonismo mundial a partir do fracasso da ofensiva relâmpago iniciada na Europa pelos alemães em 1914. A estratégia militar de frentes estáveis imobilizou durante anos os exércitos em linhas de trincheiras. Este novo cenário bélico propiciou uma guerra de desgaste, produziu um elevadíssimo número de baixas e arruinou o moral dos soldados que se viam obrigados a lutar durante anos em penosas condições.

Nas passagens mais lendárias dos seus Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci refletiria sobre estas estratégias de guerra, posição e manobra – defendendo esta última como o assalto -, entendendo o Estado como apenas uma trincheira mais avançada do conjunto de fortificações dos setores populares em sua luta pela hegemonia. Gramsci teve de reler Maquiavel para entender que a hegemonia é a capacidade orgânica dos setores dominantes em convencer as maiorias sociais a aceitarem os relatos que justificam e explicam a ordem política.

A guerra de posições, a disputa pela hegemonia e parte do pensamento estratégico de Gramsci em relação ao funcionamento do poder e o Estado moderno voltaram a tomar atualidade na disputa política existente no Equador.

No final deste mês de outubro, as facções “hard” dos seguidores do ex-presidente Rafael Correa dentro do partido governista, Alianza País – que controla parte importante da direção nacional do mesmo partido – determinou unilateralmente e de forma não regimental a retirada do atual presidente do Equador, Lenin Moreno, da presidência de sua agrupação política e posicionar em seu lugar Ricardo Patiño (que exercia como segundo vice-presidente do partido; já que o primeiro vice-presidente está preso, investigado por corrupção). O objetivo era que se fortalecessem nas trincheiras do aparelho do partido oficialista, com o fim de criar obstáculos às reformas empreendidas pelo atual mandatário e sua equipe de ministros.

Contudo, apenas umas horas depois, vários membros do gabinete presidencial e da burocracia da Alianza País rechaçariam publicamente tal decisão, definindo-a como arbitrária e antidemocrática. Diante da confusão generalizada da militância, simpatizantes e redes clientelistas do partido político hegemônico no Equador, o Tribunal de Garantias Penais deixou – de forma imediata – sem efeito a decisão adotada pela direção nacional do partido, proibindo o Conselho Nacional Eleitoral de inscrever o ex-ministro correísta Ricardo Patiño como novo presidente da Alianza País.

Origens da intentona

O enfrentamento entre correístas e morenistas dentro do partido governista tem sua origem praticamente no mesmo dia da posse do atual presidente, Lenin Moreno.

Isso apesar do fato de que Lenin Moreno foi parte do binômio presidencial de Rafael Correa nas eleições de 2006 e de 2009, exercendo durante ambas legislaturas como vice-presidente da República. Na atualidade, o ex-mandatário equatoriano é o principal opositor do seu governo. Na guerra de trincheiras dentro da Alianza País e nas distintas frentes institucionais, enquanto os partidários de Moreno traçaram uma política de reformas que levam consigo uma narrativa autocrítica a respeito de determinadas políticas públicas aplicadas durante a gestão anterior e a abertura de processos de investigação sobre distintos casos de corrupção institucional, os correístas tentam derrubar a figura do presidente posicionando-o como um traidor que se aliou com a direita.

Nesta disputa que vem ocorrendo nos pouco mais de seis meses de mandato de Moreno, o correísmo – ao menos até agora – aparece como claro perdedor. Enquanto o atual mandatário ostenta elevados índices de popularidade, a figura de Rafael Correa – que deixou uma economia nacional em recessão – acabou seriamente deteriorada, enquanto são destapados cada vez mais casos de corrupção entre os seus colaboradores mais próximos.

O último movimento tático do presidente Moreno foi convocar uma consulta popular sobre as sete propostas, entre as quais se destacam a anulação da emenda constitucional – realizada na última etapa correista – que permite a reeleição indefinida do presidente da República, buscando impossibilitar que Rafael Correa seja candidato presidencial nas próximas eleições; e a reestruturação do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social – organismo estatal composto por personalidades ligadas ao ex-presidente – abrindo a possibilidade de avaliar o desempenho das autoridades em organismos de controle do Estado, e cessá-las.

Se aprovadas essas reformas – e todas as sondagens de opinião pública até o momento assim o indicam – o correísmo sofrerá um esvaziamento completo de poder e se anularia qualquer possibilidade futura de uma rearticulação política desta tendência.

E o movimento dos setores correístas dentro da sua organização política, buscando a destituição e posterior expulsão de Lenin Moreno do partido, deve-se justamente à iniciativa do atual governo de levar a cabo tais reformas. Em paralelo, esta fração política está pressionando a Corte Constitucional – cuja composição vem do período anterior e tem afinidade com Correa –, a fim de fazer que tais questões não sejam viabilizadas. De igual maneira, os correístas na bancada oficialista buscam bloquear as iniciativas políticas provenientes do Executivo e o juízo político contra o encarcerado vice-presidente Jorge Glas.

Jogo de estratégias

Sem força política e apoiado somente por um setor de voto duro identificado com seus postulados, o qual se estima entre 20% e 23% do eleitorado, o correísmo é consciente de que o tempo joga contra.

O desenho estratégico do correísmo para tentar destituir Moreno consistia em gerar uma crise política dentro do partido Alianza País que desembocasse em uma convenção nacional extraordinária, a qual, com Rafael Correa à cabeça, permitisse recobrar as rendas do partido e sua hegemonia perdida na política nacional. Contudo, este movimento político criado apenas seis meses antes da sua primeira vitória eleitoral em 2006, e sem bases políticas naquele momento, se construiu verticalmente à sombra do poder, com quadros e caciques políticos de perfil arrivista e fortemente enraizado na tradicional política clientelista equatoriana, elementos que deixaram de ser funcionais ao correísmo uma vez que o ex-mandatário abandonou a poltrona presidencial.

Os resultados deste último pulso político foram devastadores para Rafael Correa: os morenistas anunciaram publicamente que 44 dos 75 congressistas que conformam a bancada oficialista na Assembleia Nacional se alinharam a Lenin Moreno, o que veio a significar que Correa perdeu o controle do Legislativo, enquanto que a maioria das direções provinciais do partido manifestaram rejeição à resolução da direção nacional e seu apoio a Lenin Moreno.

Pese tudo isto, Ricardo Patiño, principal operador político de Correa no país enquanto este segue residindo em Bruxelas, anunciou a pronta chegada do ex-mandatário a terras equatorianas, prevendo que os principais dirigentes correístas que participaram nesta movida podiam ser expulsos pela Comissão de Ética e Disciplina do Alianza País.

Se Rafael Correa volta nos próximos dias ao Equador possivelmente não será para reestabelecer sua liderança no partido que fundou – já que as trincheiras do correísmo no partido e em diferentes instituições têm ficado sumamente debilitadas – senão para liderar a conformação de uma nova organização política buscando confrontar politicamente com o atual governo e opondo-se à consulta popular.

Risco de desgaste

O presidente Moreno soube rentabilizar seu distanciamento de Correa, propondo a necessidade do diálogo e do consenso em uma sociedade que havia ficado fortemente polarizada, e levando a bandeira da luta contra a corrupção. Não obstante, a capacidade de execução política do governo foi limitada: ainda que não se saiba qual seja o caminhar desta legislatura. E ao se tratar de um presidente cuja popularidade se baseia unicamente no discurso, isto começa a gerar certas desconfianças na sociedade.

Por sua parte, tanto Rafael Correa como seus operadores no governo e na Alianza País buscam articular sua estratégia em torno do medo cidadão de uma possível volta do Equador ao passado, algo já utilizado em campanhas eleitorais, uma após a outra, durante a última década.

Trata-se de um argumento pouco consistente se levado em consideração que atualmente no Equador a oposição política a Alianza País não existe. Faz tempo que esta ficou sem espaço no tabuleiro da política nacional. De igual maneira, os movimentos sociais em geral, e indígenas em particular, também ficaram sem voz. Após dez anos de perseguições e criminalização do protesto social, estes movimentos se encontram atualmente imersos em negociações com um governo que ao menos se dispõe a escutá-los.

Assim, o panorama político para o médio prazo no Equador aponta como desolador. Enquanto a Alianza País se autodestrói, nem a oposição conservadora e nem a esquerda tradicional são capazes de posicionar alternativas com certa legitimidade social. A sua vez, o eleitorado é incapaz de distinguir entre as categorias políticas tradicionais de esquerda e de direita, pois logo de uma década de um discurso institucional revolucionário, adornado com velhas canções reivindicativas e alusões a múltiplos mitos revolucionários, resultou que os grupos economicamente mais beneficiados pelo regime foram os de sempre, enquanto a sociedade seguiu muito desequilibrada a favor dos historicamente privilegiados. Assim, denota-se um desinteresse crescente pela política tradicional em setores cada vez mais amplos da sociedade, nos quais a política não é mais discutida em termos de esquerdas e direitas.

Por outra parte, a incapacidade de renovação das lideranças históricas dos movimentos sociais equatorianos segue minando a possibilidade de novas formas de intervenção, a articulação de um discurso diferente e o reposicionamento do não institucional no âmbito da política, ficando esta última limitada às lutas de poder entre e dentro da estrutura partidária, que são disputadas sob o controle de instituições que não foram feitas para transformar a sociedade, senão para resistir às mudanças que a realidade demanda.

Não circulam novas ideias na política equatoriana, e não está sendo alimentada intelectualmente uma sociedade que busca, sem encontrar, estilos diferentes de exercer e atuar na política.

Com tais condições é fácil prever que, diante da ausência de alternativas com alguma credibilidade, se o atual governo não é capaz de concretizar políticas exitosas que dinamizem a economia nacional, gerem emprego digno e revitalizem a capacidade aquisitiva da grande maioria, o Equador estará imerso durante a atual gestão em uma nova crise de representatividade.

Leia também:

Lenín Moreno versus Rafael Correa: a nova disputa de poder no Equador

Vitória do correísmo não fará Equador escapar da regressiva dinâmica continental


Decio Machado é sociólogo e consultor político residente no Equador
Artigo publicado em espanhol no semanário Brecha, do Uruguai.
Traduzido por Raphael Sanz, para o Correio da Cidadania.
A guerra de posições, também conhecida como guerra de trincheiras, foi utilizada como tática militar na guerra de secessão dos Estados Unidos e na guerra russo-japonesa, mas adquiriu seu protagonismo mundial a partir do fracasso da ofensiva relâmpago iniciada na Europa pelos alemães em 1914. A estratégia militar de frentes estáveis imobilizou durante anos os exércitos em linhas de trincheiras. Este novo cenário bélico propiciou uma guerra de desgaste, produziu um elevadíssimo número de baixas e arruinou o moral dos soldados que se viam obrigados a lutar durante anos em penosas condições.

Nas passagens mais lendárias dos seus Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci refletiria sobre estas estratégias de guerra, posição e manobra – defendendo esta última como o assalto -, entendendo o Estado como apenas uma trincheira mais avançada do conjunto de fortificações dos setores populares em sua luta pela hegemonia. Gramsci teve de reler Maquiavel para entender que a hegemonia é a capacidade orgânica dos setores dominantes em convencer as maiorias sociais a aceitarem os relatos que justificam e explicam a ordem política.

A guerra de posições, a disputa pela hegemonia e parte do pensamento estratégico de Gramsci em relação ao funcionamento do poder e o Estado moderno voltaram a tomar atualidade na disputa política existente no Equador.

No final deste mês de outubro, as facções “hard” dos seguidores do ex-presidente Rafael Correa dentro do partido governista, Alianza País – que controla parte importante da direção nacional do mesmo partido – determinou unilateralmente e de forma não regimental a retirada do atual presidente do Equador, Lenin Moreno, da presidência de sua agrupação política e posicionar em seu lugar Ricardo Patiño (que exercia como segundo vice-presidente do partido; já que o primeiro vice-presidente está preso, investigado por corrupção). O objetivo era que se fortalecessem nas trincheiras do aparelho do partido oficialista, com o fim de criar obstáculos às reformas empreendidas pelo atual mandatário e sua equipe de ministros.

Contudo, apenas umas horas depois, vários membros do gabinete presidencial e da burocracia da Alianza País rechaçariam publicamente tal decisão, definindo-a como arbitrária e antidemocrática. Diante da confusão generalizada da militância, simpatizantes e redes clientelistas do partido político hegemônico no Equador, o Tribunal de Garantias Penais deixou – de forma imediata – sem efeito a decisão adotada pela direção nacional do partido, proibindo o Conselho Nacional Eleitoral de inscrever o ex-ministro correísta Ricardo Patiño como novo presidente da Alianza País.

Origens da intentona

O enfrentamento entre correístas e morenistas dentro do partido governista tem sua origem praticamente no mesmo dia da posse do atual presidente, Lenin Moreno.

Isso apesar do fato de que Lenin Moreno foi parte do binômio presidencial de Rafael Correa nas eleições de 2006 e de 2009, exercendo durante ambas legislaturas como vice-presidente da República. Na atualidade, o ex-mandatário equatoriano é o principal opositor do seu governo. Na guerra de trincheiras dentro da Alianza País e nas distintas frentes institucionais, enquanto os partidários de Moreno traçaram uma política de reformas que levam consigo uma narrativa autocrítica a respeito de determinadas políticas públicas aplicadas durante a gestão anterior e a abertura de processos de investigação sobre distintos casos de corrupção institucional, os correístas tentam derrubar a figura do presidente posicionando-o como um traidor que se aliou com a direita.

Nesta disputa que vem ocorrendo nos pouco mais de seis meses de mandato de Moreno, o correísmo – ao menos até agora – aparece como claro perdedor. Enquanto o atual mandatário ostenta elevados índices de popularidade, a figura de Rafael Correa – que deixou uma economia nacional em recessão – acabou seriamente deteriorada, enquanto são destapados cada vez mais casos de corrupção entre os seus colaboradores mais próximos.

O último movimento tático do presidente Moreno foi convocar uma consulta popular sobre as sete propostas, entre as quais se destacam a anulação da emenda constitucional – realizada na última etapa correista – que permite a reeleição indefinida do presidente da República, buscando impossibilitar que Rafael Correa seja candidato presidencial nas próximas eleições; e a reestruturação do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social – organismo estatal composto por personalidades ligadas ao ex-presidente – abrindo a possibilidade de avaliar o desempenho das autoridades em organismos de controle do Estado, e cessá-las. 

Se aprovadas essas reformas – e todas as sondagens de opinião pública até o momento assim o indicam – o correísmo sofrerá um esvaziamento completo de poder e se anularia qualquer possibilidade futura de uma rearticulação política desta tendência.

E o movimento dos setores correístas dentro da sua organização política, buscando a destituição e posterior expulsão de Lenin Moreno do partido, deve-se justamente à iniciativa do atual governo de levar a cabo tais reformas. Em paralelo, esta fração política está pressionando a Corte Constitucional – cuja composição vem do período anterior e tem afinidade com Correa –, a fim de fazer que tais questões não sejam viabilizadas. De igual maneira, os correístas na bancada oficialista buscam bloquear as iniciativas políticas provenientes do Executivo e o juízo político contra o encarcerado vice-presidente Jorge Glas.

Jogo de estratégias

Sem força política e apoiado somente por um setor de voto duro identificado com seus postulados, o qual se estima entre 20% e 23% do eleitorado, o correísmo é consciente de que o tempo joga contra.

O desenho estratégico do correísmo para tentar destituir Moreno consistia em gerar uma crise política dentro do partido Alianza País que desembocasse em uma convenção nacional extraordinária, a qual, com Rafael Correa à cabeça, permitisse recobrar as rendas do partido e sua hegemonia perdida na política nacional. Contudo, este movimento político criado apenas seis meses antes da sua primeira vitória eleitoral em 2006, e sem bases políticas naquele momento, se construiu verticalmente à sombra do poder, com quadros e caciques políticos de perfil arrivista e fortemente enraizado na tradicional política clientelista equatoriana, elementos que deixaram de ser funcionais ao correísmo uma vez que o ex-mandatário abandonou a poltrona presidencial.

Os resultados deste último pulso político foram devastadores para Rafael Correa: os morenistas anunciaram publicamente que 44 dos 75 congressistas que conformam a bancada oficialista na Assembleia Nacional se alinharam a Lenin Moreno, o que veio a significar que Correa perdeu o controle do Legislativo, enquanto que a maioria das direções provinciais do partido manifestaram rejeição à resolução da direção nacional e seu apoio a Lenin Moreno.

Pese tudo isto, Ricardo Patiño, principal operador político de Correa no país enquanto este segue residindo em Bruxelas, anunciou a pronta chegada do ex-mandatário a terras equatorianas, prevendo que os principais dirigentes correístas que participaram nesta movida podiam ser expulsos pela Comissão de Ética e Disciplina do Alianza País.

Se Rafael Correa volta nos próximos dias ao Equador possivelmente não será para reestabelecer sua liderança no partido que fundou – já que as trincheiras do correísmo no partido e em diferentes instituições têm ficado sumamente debilitadas – senão para liderar a conformação de uma nova organização política buscando confrontar politicamente com o atual governo e opondo-se à consulta popular.

Risco de desgaste

O presidente Moreno soube rentabilizar seu distanciamento de Correa, propondo a necessidade do diálogo e do consenso em uma sociedade que havia ficado fortemente polarizada, e levando a bandeira da luta contra a corrupção. Não obstante, a capacidade de execução política do governo foi limitada: ainda que não se saiba qual seja o caminhar desta legislatura. E ao se tratar de um presidente cuja popularidade se baseia unicamente no discurso, isto começa a gerar certas desconfianças na sociedade.

Por sua parte, tanto Rafael Correa como seus operadores no governo e na Alianza País buscam articular sua estratégia em torno do medo cidadão de uma possível volta do Equador ao passado, algo já utilizado em campanhas eleitorais, uma após a outra, durante a última década.

Trata-se de um argumento pouco consistente se levado em consideração que atualmente no Equador a oposição política a Alianza País não existe. Faz tempo que esta ficou sem espaço no tabuleiro da política nacional. De igual maneira, os movimentos sociais em geral, e indígenas em particular, também ficaram sem voz. Após dez anos de perseguições e criminalização do protesto social, estes movimentos se encontram atualmente imersos em negociações com um governo que ao menos se dispõe a escutá-los.

Assim, o panorama político para o médio prazo no Equador aponta como desolador. Enquanto a Alianza País se autodestrói, nem a oposição conservadora e nem a esquerda tradicional são capazes de posicionar alternativas com certa legitimidade social. A sua vez, o eleitorado é incapaz de distinguir entre as categorias políticas tradicionais de esquerda e de direita, pois logo de uma década de um discurso institucional revolucionário, adornado com velhas canções reivindicativas e alusões a múltiplos mitos revolucionários, resultou que os grupos economicamente mais beneficiados pelo regime foram os de sempre, enquanto a sociedade seguiu muito desequilibrada a favor dos historicamente privilegiados. Assim, denota-se um desinteresse crescente pela política tradicional em setores cada vez mais amplos da sociedade, nos quais a política não é mais discutida em termos de esquerdas e direitas.

Por outra parte, a incapacidade de renovação das lideranças históricas dos movimentos sociais equatorianos segue minando a possibilidade de novas formas de intervenção, a articulação de um discurso diferente e o reposicionamento do não institucional no âmbito da política, ficando esta última limitada às lutas de poder entre e dentro da estrutura partidária, que são disputadas sob o controle de instituições que não foram feitas para transformar a sociedade, senão para resistir às mudanças que a realidade demanda.

Não circulam novas ideias na política equatoriana, e não está sendo alimentada intelectualmente uma sociedade que busca, sem encontrar, estilos diferentes de exercer e atuar na política.

Com tais condições é fácil prever que, diante da ausência de alternativas com alguma credibilidade, se o atual governo não é capaz de concretizar políticas exitosas que dinamizem a economia nacional, gerem emprego digno e revitalizem a capacidade aquisitiva da grande maioria, o Equador estará imerso durante a atual gestão em uma nova crise de representatividade.


Decio Machado é sociólogo e consultor político residente no Equador
Artigo publicado em espanhol no semanário Brecha, do Uruguai.
Traduzido por Raphael Sanz, para o Correio da Cidadania.
Contudo, apenas umas horas depois, vários membros do gabinete presidencial e da burocracia da Alianza País rechaçariam publicamente tal decisão, definindo-a como arbitrária e antidemocrática. Diante da confusão generalizada da militância, simpatizantes e redes clientelistas do partido político hegemônico no Equador, o Tribunal de Garantias Penais deixou – de forma imediata – sem efeito a decisão adotada pela direção nacional do partido, proibindo o Conselho Nacional Eleitoral de inscrever o ex-ministro correísta Ricardo Patiño como novo presidente da Alianza País.

Origens da intentona

O enfrentamento entre correístas e morenistas dentro do partido governista tem sua origem praticamente no mesmo dia da posse do atual presidente, Lenin Moreno.

Isso apesar do fato de que Lenin Moreno foi parte do binômio presidencial de Rafael Correa nas eleições de 2006 e de 2009, exercendo durante ambas legislaturas como vice-presidente da República. Na atualidade, o ex-mandatário equatoriano é o principal opositor do seu governo. Na guerra de trincheiras dentro da Alianza País e nas distintas frentes institucionais, enquanto os partidários de Moreno traçaram uma política de reformas que levam consigo uma narrativa autocrítica a respeito de determinadas políticas públicas aplicadas durante a gestão anterior e a abertura de processos de investigação sobre distintos casos de corrupção institucional, os correístas tentam derrubar a figura do presidente posicionando-o como um traidor que se aliou com a direita.

Nesta disputa que vem ocorrendo nos pouco mais de seis meses de mandato de Moreno, o correísmo – ao menos até agora – aparece como claro perdedor. Enquanto o atual mandatário ostenta elevados índices de popularidade, a figura de Rafael Correa – que deixou uma economia nacional em recessão – acabou seriamente deteriorada, enquanto são destapados cada vez mais casos de corrupção entre os seus colaboradores mais próximos.

O último movimento tático do presidente Moreno foi convocar uma consulta popular sobre as sete propostas, entre as quais se destacam a anulação da emenda constitucional – realizada na última etapa correista – que permite a reeleição indefinida do presidente da República, buscando impossibilitar que Rafael Correa seja candidato presidencial nas próximas eleições; e a reestruturação do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social – organismo estatal composto por personalidades ligadas ao ex-presidente – abrindo a possibilidade de avaliar o desempenho das autoridades em organismos de controle do Estado, e cessá-las. 

Se aprovadas essas reformas – e todas as sondagens de opinião pública até o momento assim o indicam – o correísmo sofrerá um esvaziamento completo de poder e se anularia qualquer possibilidade futura de uma rearticulação política desta tendência.

E o movimento dos setores correístas dentro da sua organização política, buscando a destituição e posterior expulsão de Lenin Moreno do partido, deve-se justamente à iniciativa do atual governo de levar a cabo tais reformas. Em paralelo, esta fração política está pressionando a Corte Constitucional – cuja composição vem do período anterior e tem afinidade com Correa –, a fim de fazer que tais questões não sejam viabilizadas. De igual maneira, os correístas na bancada oficialista buscam bloquear as iniciativas políticas provenientes do Executivo e o juízo político contra o encarcerado vice-presidente Jorge Glas.

Jogo de estratégias

Sem força política e apoiado somente por um setor de voto duro identificado com seus postulados, o qual se estima entre 20% e 23% do eleitorado, o correísmo é consciente de que o tempo joga contra.

O desenho estratégico do correísmo para tentar destituir Moreno consistia em gerar uma crise política dentro do partido Alianza País que desembocasse em uma convenção nacional extraordinária, a qual, com Rafael Correa à cabeça, permitisse recobrar as rendas do partido e sua hegemonia perdida na política nacional. Contudo, este movimento político criado apenas seis meses antes da sua primeira vitória eleitoral em 2006, e sem bases políticas naquele momento, se construiu verticalmente à sombra do poder, com quadros e caciques políticos de perfil arrivista e fortemente enraizado na tradicional política clientelista equatoriana, elementos que deixaram de ser funcionais ao correísmo uma vez que o ex-mandatário abandonou a poltrona presidencial.

Os resultados deste último pulso político foram devastadores para Rafael Correa: os morenistas anunciaram publicamente que 44 dos 75 congressistas que conformam a bancada oficialista na Assembleia Nacional se alinharam a Lenin Moreno, o que veio a significar que Correa perdeu o controle do Legislativo, enquanto que a maioria das direções provinciais do partido manifestaram rejeição à resolução da direção nacional e seu apoio a Lenin Moreno.

Pese tudo isto, Ricardo Patiño, principal operador político de Correa no país enquanto este segue residindo em Bruxelas, anunciou a pronta chegada do ex-mandatário a terras equatorianas, prevendo que os principais dirigentes correístas que participaram nesta movida podiam ser expulsos pela Comissão de Ética e Disciplina do Alianza País.

Se Rafael Correa volta nos próximos dias ao Equador possivelmente não será para reestabelecer sua liderança no partido que fundou – já que as trincheiras do correísmo no partido e em diferentes instituições têm ficado sumamente debilitadas – senão para liderar a conformação de uma nova organização política buscando confrontar politicamente com o atual governo e opondo-se à consulta popular.

Risco de desgaste

O presidente Moreno soube rentabilizar seu distanciamento de Correa, propondo a necessidade do diálogo e do consenso em uma sociedade que havia ficado fortemente polarizada, e levando a bandeira da luta contra a corrupção. Não obstante, a capacidade de execução política do governo foi limitada: ainda que não se saiba qual seja o caminhar desta legislatura. E ao se tratar de um presidente cuja popularidade se baseia unicamente no discurso, isto começa a gerar certas desconfianças na sociedade.

Por sua parte, tanto Rafael Correa como seus operadores no governo e na Alianza País buscam articular sua estratégia em torno do medo cidadão de uma possível volta do Equador ao passado, algo já utilizado em campanhas eleitorais, uma após a outra, durante a última década.

Trata-se de um argumento pouco consistente se levado em consideração que atualmente no Equador a oposição política a Alianza País não existe. Faz tempo que esta ficou sem espaço no tabuleiro da política nacional. De igual maneira, os movimentos sociais em geral, e indígenas em particular, também ficaram sem voz. Após dez anos de perseguições e criminalização do protesto social, estes movimentos se encontram atualmente imersos em negociações com um governo que ao menos se dispõe a escutá-los.

Assim, o panorama político para o médio prazo no Equador aponta como desolador. Enquanto a Alianza País se autodestrói, nem a oposição conservadora e nem a esquerda tradicional são capazes de posicionar alternativas com certa legitimidade social. A sua vez, o eleitorado é incapaz de distinguir entre as categorias políticas tradicionais de esquerda e de direita, pois logo de uma década de um discurso institucional revolucionário, adornado com velhas canções reivindicativas e alusões a múltiplos mitos revolucionários, resultou que os grupos economicamente mais beneficiados pelo regime foram os de sempre, enquanto a sociedade seguiu muito desequilibrada a favor dos historicamente privilegiados. Assim, denota-se um desinteresse crescente pela política tradicional em setores cada vez mais amplos da sociedade, nos quais a política não é mais discutida em termos de esquerdas e direitas.

Por outra parte, a incapacidade de renovação das lideranças históricas dos movimentos sociais equatorianos segue minando a possibilidade de novas formas de intervenção, a articulação de um discurso diferente e o reposicionamento do não institucional no âmbito da política, ficando esta última limitada às lutas de poder entre e dentro da estrutura partidária, que são disputadas sob o controle de instituições que não foram feitas para transformar a sociedade, senão para resistir às mudanças que a realidade demanda.

Não circulam novas ideias na política equatoriana, e não está sendo alimentada intelectualmente uma sociedade que busca, sem encontrar, estilos diferentes de exercer e atuar na política.

Com tais condições é fácil prever que, diante da ausência de alternativas com alguma credibilidade, se o atual governo não é capaz de concretizar políticas exitosas que dinamizem a economia nacional, gerem emprego digno e revitalizem a capacidade aquisitiva da grande maioria, o Equador estará imerso durante a atual gestão em uma nova crise de representatividade.

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Decio Machado é sociólogo e consultor político residente no Equador
Artigo publicado em espanhol no semanário Brecha, do Uruguai.
Traduzido por Raphael Sanz, para o Correio da Cidadania.